El centro se ha convertido en un símbolo de la política migratoria de Donald Trump y ha estado bajo escrutinio constante por las condiciones de detención
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este viernes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas garantizar el acceso a abogados para los migrantes detenidos en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, en medio de crecientes denuncias por abusos y presión política para investigar lo que ocurre en esa instalación.
La magistrada Sheri Polster Chappell emitió una orden judicial preliminar que obliga tanto a ICE como a la División de Gestión de Emergencias de Florida a permitir asesoría legal efectiva a los detenidos en el Centro de Detención de Everglades, ubicado al oeste de Miami.
Entre las medidas, exige habilitar llamadas legales confidenciales y accesibles, publicar información clara sobre cómo los abogados pueden contactar a los migrantes y mantener la política que permite visitas legales sin cita previa.
Además, el tribunal certificó el caso como una demanda colectiva, lo que extiende la protección a todas las personas actualmente detenidas en el centro y a quienes puedan ser recluidas allí en el futuro.
Exigen el cierre de Alligator Alcatraz
La decisión responde a una demanda presentada por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South, que denunciaron violaciones al debido proceso.
Durante audiencias previas, exdetenidos describieron condiciones que incluían la imposibilidad de comunicarse con abogados, así como restricciones para acceder a documentos o materiales básicos como lápices.
“El acceso a asesoría legal es un derecho constitucional, no un privilegio”, afirmó Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, quien calificó el fallo como “una gran victoria” y aseguró que continuarán exigiendo el cierre del centro.
Asimismo, Paul R. Chavez, de Americans for Immigrant Justice, señaló que la comunicación confidencial con abogados es “esencial para un proceso justo”, mientras que la abogada Amy Godshall, de ACLU Florida, advirtió que este derecho es una de las últimas garantías frente a políticas de deportación más agresivas.
Katie Blankenship, fundadora de Sanctuary of the South, sostuvo que impedir el acceso oportuno a asesoría legal convierte la defensa en “prácticamente imposible” y constituye una violación directa del debido proceso.
El centro fue abierto en julio de 2025 en los Everglades, una zona de humedales donde habitan caimanes, serpientes y cocodrilos. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump y ha estado bajo escrutinio constante por las condiciones de detención.
Ese cuestionamiento se intensificó este mismo viernes, cuando los senadores demócratas Jon Ossoff y Dick Durbin enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para exigir una investigación por “acusaciones creíbles” de abusos.
Según denunciaron, algunos migrantes son castigados con confinamiento en “pequeñas jaulas” conocidas como “la caja”, donde permanecen esposados de manos y pies, expuestos al sol durante horas y sin acceso a agua ni alimentos.
Los legisladores advirtieron que estas prácticas podrían violar tanto los estándares de detención del propio Departamento de Seguridad Nacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
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