La discusión se basó principalmente en el impacto económico que genera la escolarización de menores sin estatus legal permanente sobre los fondos públicos
Miembros del Partido Republicano comenzaron una serie de gestiones políticas destinadas a anular la sentencia judicial Plyler v. Doe, un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos garantiza actualmente que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso gratuito a la educación primaria y secundaria en escuelas públicas.
La iniciativa ha escalado desde discusiones a nivel estatal en territorios como Tennessee hasta alcanzar oficinas de alto nivel en la Casa Blanca, informó The Hill. Esta medida representa una expansión de las políticas de control migratorio aplicadas bajo la administración de Donald Trump, las cuales se concentraron inicialmente en el ámbito universitario y la restricción de visados para estudiantes extranjeros.
Argumentos en reciente sesión en la Cámara
Durante una sesión reciente del subcomité judicial de la Cámara de Representantes, varios legisladores argumentaron que la Corte Suprema excedió sus funciones al emitir dicha sentencia. La discusión se basó principalmente en el impacto económico que genera la escolarización de menores sin estatus legal permanente sobre los fondos públicos.
“Es hora de que afrontemos la situación y revoquemos el fallo Plyler v. Doe. Es hora de que el Congreso y los tribunales aborden las flagrantes deficiencias de esta decisión judicial y, finalmente, liberen a los texanos y a todos los estadounidenses de esta carga”, declaró Chip Roy, representante republicano por Texas.
El legislador añadió que las dificultades de aprendizaje detectadas en esta población estudiantil deberían propiciar “un debate más amplio sobre las exigencias que recaen sobre las escuelas y los educadores”.
Argumentó además que estos deben utilizar los limitados recursos destinados a los estudiantes estadounidenses por los contribuyentes estadounidenses para ayudar a los niños inmigrantes a alcanzar los estándares de competencia académica”.
Participación de la Casa Blanca
Según información publicada por The New York Times, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, ha mantenido reuniones con representantes de Texas para evaluar el cese del financiamiento educativo destinado a estos menores. La propuesta busca otorgar a los estados la potestad de decidir si costean o no la educación de niños en situación irregular.
En cuanto al alcance de esta medida, un estudio realizado en 2023 por el Centro de Estudios de Inmigración, citado por The Hill, estimó que, para 2021, aproximadamente 3.2 millones de estudiantes en el sistema público pertenecían a hogares encabezados por inmigrantes sin permiso legal. Sin embargo, las instituciones oficiales aclaran que no existen registros definitivos sobre la cantidad exacta de alumnos en esta condición dentro de las aulas estadounidenses.
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