NJ demanda a ICE para impedir nuevo centro de detención de inmigrantes

Nueva Jersey y Roxbury Township demandaron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para detener lo que califican el “plan ilegal” del gobierno federal de convertir un almacén en un centro de detención masiva de inmigrantes.

La gobernadora Mikie Sherrill y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, hicieron el anuncio el viernes durante una conferencia de prensa en Newark, la ciudad más poblada del estado. El centro de detención de ICE proyectado es un almacén actualmente desocupado ubicado en 1879 Route 46, en Ledgewood, NJ.

“No cabe duda de la finalidad de ese plan: el DHS ha adquirido el sitio, ha confirmado que el lugar será convertido en un centro de detención de inmigrantes y, evidentemente, está solicitando ofertas de construcción para iniciar las obras”, reza en parte la demanda. “Tampoco hay duda alguna de que el almacén de Roxbury no reúne las condiciones adecuadas para servir como centro de detención”.

Según el documento judicial, el almacén de Roxbury no está diseñado para albergar la cantidad de detenidos y empleados prevista para el centro proyectado, citando la falta de inodoros, suministro de agua y sistemas de alcantarillado, detalló NBC News.

“El almacén de Roxbury es un centro logístico apto para paquetes de Amazon Prime, no para personas; entre otras cosas, actualmente cuenta con un total de cuatro inodoros, a pesar de la afluencia prevista de hasta 1,500 detenidos y cientos de empleados adicionales del ICE”, señala la demanda. “De hecho, la llegada de hasta 1,500 detenidos que requerirían agua potable y servicios de evacuación de aguas residuales sobrepasaría la capacidad de los sistemas locales y alcantarillado, amenazando la disponibilidad de agua y generando el riesgo de desbordamientos de aguas residuales hacia el suelo y las fuentes hídricas”.

La gobernación argumenta que el plan no sólo carece de solidez en lo que respecta a la infraestructura, sino que también podría tener repercusiones en el entorno circundante, incluida “un área que suministra más del 70% del agua potable a los habitantes de Nueva Jersey y que alberga importantes sistemas de alcantarillado”. Y añade: “La construcción necesaria para acondicionar el sitio como centro de detención tendría, además, importantes impactos ambientales”.

Adicionalmente, los funcionarios estatales y locales sostienen que los departamentos de seguridad pública y de aplicación de la ley del municipio simplemente no están equipados para que Roxbury albergue una instalación de tal magnitud y gestione la consiguiente afluencia de personas.

“Las necesidades de atención médica en los centros de detención del DHS -lugares que han servido como vectores para brotes de enfermedades- pondrían en riesgo de colapso, de manera rápida, al Servicio Médico de Emergencia voluntario de Roxbury, el cual cuenta con tan sólo dos ambulancias”.

En lo que respecta al sitio proyectado en Roxbury, la demanda conjunta presentada por el estado y el municipio alega que las autoridades locales nunca fueron notificadas de la decisión del DHS de desarrollar dicha instalación de detención. “Aunque el DHS no consultó a los funcionarios estatales y locales con antelación a su decisión de establecer un centro de detención con capacidad para 1,500 personas en el emplazamiento del almacén, estos reaccionaron con rapidez una vez que se dio a conocer la decisión final del DHS: la gobernadora Mikie Sherrill expresó su “firme oposición” al DHS mediante una carta, y el Concejo del Municipio de Roxbury manifestó ´por unanimidad´ su rechazo a un centro de detención”, reza la demanda. “El DHS, sin embargo, ha avanzado a paso firme con sus planes, sin dejarse disuadir por las importantes inquietudes planteadas”.

La demanda alega que la decisión del DHS eludió los procedimientos reglamentarios y vulneró ciertas leyes, incluida la NEPA (Ley Nacional de Política Ambiental), la cual exige a las agencias federales evaluar el posible impacto ambiental local y considerar las consecuencias antes de adoptar una decisión definitiva.

La demanda de Nueva Jersey también alega que el gobierno federal está violando la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual exige que el ICE considere alternativas adecuadas antes de construir una nueva instalación y que, en caso de que finalmente decida construirla, siga cumpliendo con la obligación de “disponer lugares de detención apropiados para los extranjeros”.

Éste no es el único plan para convertir un almacén en un centro de detención que ha suscitado controversia en el área triestatal. El mes pasado ICE declaró haber adquirido un almacén en Chester (NY) con el fin de transformarlo en un centro de detención de inmigrantes. Líderes locales y activistas también se oponen a ese proyecto.

También en febrero, tras el arresto de un hondureño cuyo auto fue baleado, la gobernadora anunció una ofensiva contra las posibles acciones represivas de ICE en Nueva Jersey. En respuesta el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado y la gobernadora Sherrill por su Orden Ejecutiva N.° 12, alegando que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal.

Respuesta de ICE

Un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) respondió ayer a la nueva demanda de NJ que la agencia había evaluado detenidamente el uso de las instalaciones existentes con el fin de minimizar los impactos ambientales.

“Este caso no trata sobre el medio ambiente; trata sobre el intento de impedir que el presidente Trump vuelva a hacer de Estados Unidos un lugar seguro“, declaró el portavoz. “A la izquierda no le importaron las montañas de basura que los extranjeros ilegales arrojaron en ranchos y cauces fluviales durante la crisis fronteriza de (Joe) Biden. Ahora fingen preocupación porque desean que esos mismos extranjeros ilegales se queden para siempre y voten aquí.

Antes de adquirir este terreno, el ICE evaluó minuciosamente el uso de las instalaciones existentes para contribuir a minimizar los impactos ambientales, incluidos los posibles efectos sobre especies protegidas, recursos naturales sensibles y recursos culturales de valor”.