Denuncian que derecho a la protesta estaría en riesgo en NY

El derecho a manifestarse y el derecho a la libre expresión, consagrados en la Constitución, han sido pilares que garantizan la protesta sobre asuntos que afectan a las comunidades, pero en Nueva York, si no se frenan iniciativas de ley que buscan crear zonas donde no sería posible manifestarse, esos derechos estarían en riesgo.

Esa fue la denuncia que este miércoles hicieron en el Capitolio en Albany diferentes organizaciones, como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), quienes al lado de defensores de la salud reproductiva, expertos en políticas policiales y funcionarios electos instaron a la Legislatura estatal que rechacen cualquier propuesta destinada a establecer zonas de prohibición de expresión en lugares de culto e instalaciones de salud reproductiva de Nueva York.

Los manifestantes hicieron un llamado a los legisladores y a la gobernadora, Kathy Hochul a que en lugar de aprobar leyes que socaven las protecciones civiles establecidas en el acuerdo sobre protestas del “caso Payne”. Dicha decisión ordenó a la policía proteger la libertad de expresión, los líderes estatales deberían centrarse en proteger las libertades civiles y garantizar que todos los neoyorquinos puedan ejercer con seguridad su derecho a expresarse, reunirse y abogar por sus comunidades.

Así lo pidió Donna Lieberman, directora ejecutiva de la organización NYCLU, tras advertir que cualquier propuesta de zonas de amortiguamiento con prohibición de expresión que se estén considerando en Albany serán un ataque a la libertad de expresión y violarán el derecho de los neoyorquinos a participar en protestas políticas pacíficas.

“Al aislar enormes franjas de nuestro estado de cualquier tipo de protesta colectiva, estas propuestas podrían menoscabar gravemente la capacidad de los neoyorquinos para ejercer sus derechos amparados por la Primera Enmienda y enviar un mensaje absolutamente equivocado”, dijo la defensora.

“En un momento en que el gobierno federal persigue, detiene e incluso mata a ciudadanos comunes por el simple hecho de protestar, los legisladores estatales deben defender los valores de Nueva York y proteger la Primera Enmienda, en lugar de sumarse a la corriente de una versión más amable y suave de la campaña autoritaria de la administración Trump contra la disidencia”, agregó la abogada.

Además de la iniciativa de ley que busca restringir o prohibir totalmente las protestas en un radio de 25 pies (7.6 metros) de las calles y aceras adyacentes a un lugar de culto o a un centro de salud reproductiva, en este momento en Albany también cursan otras propuestas. Una de ellas busca tipificar como delito la ocupación, obstrucción o interferencia de cualquier entrada, salida, acceso para vehículos, estacionamiento, vía pública o acera contigua a un lugar de culto y otra va más allá y busca restringir las protestas en un radio de 100 pies (30 metros) de un lugar de culto religioso.

“Los derechos y libertades que tanto valoramos son el resultado de décadas de lucha y de una disidencia valerosa. Y en un momento en que las normas democráticas se encuentran bajo presión y las acciones federales están erosionando los derechos fundamentales, proteger la Primera Enmienda —el derecho a alzar la voz y a protestar— nunca ha sido tan importante”, afirmó Robin Chappelle Golston, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Empire State Acts.

“Si bien toda persona merece un acceso seguro a los centros de salud reproductiva y a los lugares de culto, cualquier política destinada a garantizar dicho acceso debe ser también eficaz, jurídicamente sólida y respetuosa con nuestro arraigado derecho a la libertad de expresión”, enfatizó. “Las propuestas que hemos visto no cumplen con este estándar y, por tanto, no deberían prosperar”.

Los manifestantes agregaron que de aprobarse alguna de las propuestas, las manifestaciones quedarían restringidas o prohibidas en amplias zonas del estado, incluyendo las casi 17,000 iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares de culto en el estado, así como edificios de carácter laico, tales como hospitales, centros de atención de urgencias, clínicas de fertilidad, farmacias, centros de atención primaria de salud, aeropuertos y numerosas escuelas.

“La propuesta de la gobernadora ampliaría el poder policial de maneras que socavan el acuerdo sobre protestas del caso Payne, amenazan los derechos constitucionales de los neoyorquinos y corren el riesgo de criminalizar a las personas simplemente por hacerse presentes en sus propias comunidades”, dijo Amanda Jack, directora de políticas de la Unidad de Reforma del Derecho Penal de la organización Legal Aid Society.

“Otorgar a la policía una amplia discrecionalidad para crear y hacer cumplir zonas sin libertad de expresión propicia una intervención policial innecesaria tanto en las protestas pacíficas como en la vida pública cotidiana”, concluyó.