Más de 100 organizaciones en defensa de los migrantes destacó que el 72% de los electores actualmente apoya una vía hacia la ciudadanía
Una coalición de organizaciones civiles, de derechos humanos y de defensa de los inmigrantes emitió un comunicado urgente dirigido a los miembros del Congreso para que se rechacen las políticas de detención y deportación masiva, y que en su lugar, se pueda proponer una agenda enfocada en la obtención de la ciudadanía para la población inmigrante.
La misiva, enviada por 125 organizaciones, destacó que el enfoque actual de control fronterizo y aplicación de la ley no coincide con la opinión de los electores.
La coalición citó un sondeo realizado en febrero de este año, el cual revela que el 72% de los votantes apoya una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que ya residen en el país.
Asimismo, las organizaciones señalaron que el sistema actual genera un gasto de decenas de miles de millones de dólares a los contribuyentes.
“Las investigaciones muestran que una vía hacia la ciudadanía haría crecer nuestro PIB nacional en más de un billón de dólares”, declaró la coalición.
Destacan el impacto del arraigo de la comunidad migrante en EE.UU.
El documento enfatiza el arraigo de la comunidad inmigrante, indicando que, para 2023, casi la mitad de las personas indocumentadas han vivido en el país por más de 20 años. Se mencionan sectores clave como la agricultura, donde los trabajadores pasan un promedio de ocho años en labores de campo, y los más de un millón de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que operan en construcción y salud.
Sobre los beneficiarios de DACA, conocidos como Dreamers, una encuesta de 2024 determinó que su edad promedio de llegada fue a los 6 años, acumulando más de un cuarto de siglo de residencia en territorio estadounidense.
Crítica a los estatus temporales que facilitan la explotación
Las organizaciones advierten sobre los riesgos de crear categorías legales intermedias que no conduzcan a la ciudadanía. En el texto se precisó que estas medidas generan un “estatus de segunda clase” que facilita la explotación laboral.
“Establecer una nueva categoría de estatus temporal de inmigrantes que carezcan de los derechos y responsabilidades de los residentes permanentes o de la ciudadanía solo complicaría más nuestro sistema de inmigración roto“, indicó parte de la misiva.
La coalición, que afirmó que el 4% de los miembros del Congreso estadounidense son ciudadanos naturalizados, sostiene que la ciudadanía es la única protección definitiva frente a cambios administrativos y acciones judiciales que buscan revocar permisos de trabajo o protecciones contra la deportación.
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