Nueva York exigirá rejas transparentes en negocios: multas y costos preocupan a comerciantes

La ciudad de Nueva York se prepara para aplicar una normativa poco conocida que podría impactar a miles de pequeños negocios: la Ley Local 75, aprobada en 2009, que exige reemplazar las tradicionales cortinas metálicas sólidas por versiones al menos 70% transparentes.

La fecha límite para cumplir con esta disposición es el 1 de julio de 2026, y su entrada en vigor ha generado preocupación, críticas y llamados urgentes a posponerla.

El objetivo original de la ley fue mejorar la estética urbana y reducir el grafiti, permitiendo que los escaparates permanezcan visibles, incluso fuera del horario comercial. Sin embargo, a pocas semanas de que comiencen las inspecciones y posibles sanciones, muchos comerciantes aseguran que desconocían por completo la existencia de esta regulación.

Comerciantes denuncian falta de información

De acuerdo a CBS News, en zonas como Brighton Beach, en el sur de Brooklyn, la sorpresa ha sido generalizada. Yelena Makhnin, directora ejecutiva del distrito comercial local, afirmó que la ciudad no realizó una campaña informativa suficiente para alertar a los propietarios. Según sus estimaciones, apenas entre el 12% y el 15% de los negocios en esa área cumplen actualmente con la normativa.

La falta de información ha sido uno de los principales reclamos. “Antes de venir aquí, pregunté a 6 negocios si habían visto algún aviso oficial. Todos dijeron que no”, explicó Makhnin, subrayando el desconcierto entre los comerciantes.

Para muchos dueños de negocios, el problema no es solo el desconocimiento, sino también el costo que implica adaptarse a la ley. Randy Goldstein, propietario de una tienda de discos y una agencia de seguros, aseguró que reemplazar las 6 rejas metálicas de sus locales le costaría al menos $10,000 dólares, una inversión difícil de asumir en el contexto económico actual.

“¿Todos los que tenemos rejas tradicionales debemos cambiarlas en 2 meses? ¡Es absurdo!”, expresó Goldstein, quien señaló que no ha renovado sus estructuras de seguridad desde la década de 1990.

El impacto económico es especialmente sensible en un momento en que muchos negocios aún se recuperan de los efectos de la pandemia. De acuerdo con líderes empresariales, 2025 fue el primer año desde el Covid-19 en el que cerraron más empresas de las que abrieron en la ciudad, lo que añade presión adicional sobre los comerciantes.

Costos y preocupaciones por seguridad

Randy Peers, presidente de la Cámara de Comercio de Brooklyn, advirtió que la situación observada en Brighton Beach se replica en otros distritos. “Esto es representativo de lo que veremos en gran parte de Brooklyn y otros boroughs”, afirmó. Además, destacó que el costo de cumplimiento se suma a otros gastos crecientes como alquileres, salarios y suministros.

Incluso algunos comerciantes que ya cumplen con la normativa han expresado preocupaciones, particularmente en materia de seguridad. Eric Piker, dueño de una tienda de productos naturales, teme que las rejas transparentes expongan más los escaparates de vidrio a posibles actos vandálicos.

“Me preocupa el vidrio. Siento que alguien podría romperlo fácilmente”, comentó, reflejando una inquietud compartida por otros propietarios que dudan de la efectividad de estas estructuras frente a robos o daños.

Desde el Departamento de Edificios de la ciudad (DOB), las autoridades han respondido que la ley otorgó un plazo de 17 años para su cumplimiento, por lo que consideran que hubo tiempo suficiente para adaptarse. En un comunicado, indicaron que no tienen facultad para modificar la normativa y que cualquier cambio debe ser aprobado por el Concejo Municipal.

No obstante, la presión política comienza a aumentar. Representantes empresariales han enviado cartas a funcionarios electos solicitando una prórroga o incluso la derogación de la ley. Argumentan que la implementación en este momento podría afectar gravemente a los pequeños negocios, muchos de los cuales operan con márgenes reducidos.

En paralelo, algunos legisladores han mostrado disposición para revisar la normativa antes de que entren en vigor las sanciones. Aunque aún no se ha presentado un proyecto de ley formal, existe la posibilidad de ajustes que contemplen extensiones en el plazo o ayudas económicas para los comerciantes.

Mientras tanto, la incertidumbre domina el panorama. A medida que se acerca la fecha límite, miles de propietarios deben decidir si invertir en nuevas rejas, arriesgarse a multas o esperar a que las autoridades introduzcan cambios de último momento.

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