La demanda fue interpuesta originalmente por Okello Chatrie, cuyos datos de localización telefónica ayudaron a la policía a ubicarlo luego de robar un banco
El Tribunal Supremo de Estados Unidos está considerando si las amplias órdenes judiciales para obtener datos de ubicación de teléfonos inteligentes infringen los derechos de privacidad de los estadounidenses y violan la Constitución.
Los magistrados escucharon los argumentos iniciales el lunes en el caso Chatrie contra Estados Unidos, que versaban sobre la dependencia de las fuerzas del orden en las llamadas “órdenes de geolocalización” en casos difíciles.
La demanda fue interpuesta originalmente por Okello Chatrie, cuyos datos de localización telefónica ayudaron a la policía de Richmond, Virginia, a ubicarlo luego de robar un banco a punta de pistola y fugarse con $195,000 dólares en 2019. Chatrie se declaró culpable de robo a mano armada y fue sentenciado a 12 años tras las rejas, pero sus abogados alegaron que ninguna de las evidencias en su contra debería haber sido admitida en el juicio.
Un abogado del Departamento de Justicia (DOJ) alegó que prácticamente cualquier acción hecha en público mientras se posea un teléfono inteligente no causa ninguna expectativa de privacidad.
“Un individuo no tiene una expectativa razonable de privacidad respecto a movimientos que cualquiera podría ver, y que ha optado por permitir que un tercero analice para sus propios fines”, expresó el procurador general de EE.UU., un abogado de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump, en documentos legales.
Las fuerzas del orden exigen cada vez más a las compañías tecnológicas que entreguen datos confidenciales de localización de teléfonos de personas que se encuentren en un sitio donde se sospecha que se ha perpetrado un crimen, o en sus inmediaciones, es decir, de cualquier persona que esté dentro del radio de una “cerca” virtual. Las órdenes de geolocalización, en vez de especificar sus objetivos, obligan a las compañías tecnológicas a entregar a la policía o al FBI datos de todos los dispositivos electrónicos que están en un sitio determinado en un momento dado.
Asimismo, los defensores de la privacidad y algunas especialistas legales consideran que las búsquedas por geolocalización constituyen una redada que implica a personas inocentes, informó The Guardian.
“¿Acaso por tener un teléfono móvil se debe someter a una investigación policial por delitos que podrían haber ocurrido en las inmediaciones?”, cuestionó Paul Ohm, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, quien presentó un escrito de amicus curiae en el caso.
Las órdenes judiciales pueden llevar a que los datos de ubicación del teléfono de una persona se compartan con la policía simplemente porque “estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, o peor aún, porque no lo estaba, pero su teléfono lo creyó” agregó Ohm.
Los agentes del orden y los fiscales aseguran que estas órdenes de registro geolocalizadas les ayuden a resolver delitos cuando no hay ninguna otra solución al alcance. El juez Brrett Kavanaugh manifestó su preocupación por “las consecuencias prácticas de no poder resolver asesinatos”.
Chatrie había activado una función opcional de Google llamada “historial de ubicaciones”, que registra su localización en pocos minutos. La administración republicana apuntó en sus documentos legales que “solo alrededor de un tercio de los titulares de cuentas activas de Google optaron por el servicio de historial de ubicaciones”, los abogados de Chatrie indicaron en los suyos que esto representaba más de 500 millones de usuarios de Google.
Después de entrevistar a los testigos en el banco que Chatrie asaltó y revisar las cámaras de seguridad, los agentes no lograron obtener ninguna pista. Por medio de una solicitud de geolocalización, las autoridades solicitaron a Google que proporcionara datos de ubicación de teléfonos móviles por los 30 minutos previos y posteriores al robo, procedentes de todos los teléfonos ubicados a menos de 150 metros del banco. Esto incluyó los datos de ubicación del teléfono de Chatrie, así como información sobre otras 19 cuentas. El detective a cargo del caso solicitó a Google más datos sobre todas estas personas, pero la empresa tecnológica se negó y, finalmente, solo solicitó información sobre 9 de ellas. Hacia el final de las pesquisas, ese número se redujo a tres dispositivos; uno de ellos era de Chatrie y la información incluía una dirección de correo electrónico con su nombre.
El gobierno republicano ha alegado en documentos legales que Chatrie optó por permitir que Google recopilara y usara los datos de ubicación de su teléfono, y que los investigadores lo identificaron por medio de una orden judicial, aunque los abogados del demandante han argumentado que la mencionada orden era demasiado amplia.
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