A pesar de la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, esto contradice otros tribunales y podría generar políticas contradictorias en EE.UU.
NUEVA YORK.- La Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, con sede en Nueva York, rechazó rechazó la política del gobierno del presidente Donald Trump de detener a inmigrantes que busca deportar y determinó que las autoridades deben permitirles a esas personas solicitar fianza.
“Incluso si la nueva interpretación del gobierno de la Sección 1225(b)(2)(A) fuera plausible —y no lo es—, la rechazaríamos de todos modos basándonos en nuestra obligación de interpretar estos estatutos de una manera que evite las serias cuestiones constitucionales, lo cual conlleva lo que sería el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de nuestra nación para millones de no ciudadanos”, determina la opinión aprobada por unanimidad, es decir 3-0.
El juez Joseph Bianco, nombrado por Trump, escribió la opinión que fue respaldada por otros dos jueces, uno nombrado por Bill Clinton y otro por Joe Biden.
“El tribunal acertó al concluir que la administración Trump no puede simplemente reinterpretar la ley a su antojo. La ley es clara: el gobierno no puede encarcelar a inmigrantes como el Sr. Barbosa da Cunha sin brindarles el debido proceso básico de una audiencia de fianza”, declaró Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), quien defendió el caso.
Amy Belsher, directora de Litigios sobre Derechos de los Inmigrantes de la ACLU en Nueva York, se expresó en el mismo tenor y agregó que la política de la administración Trump viola la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Aunque es una decisión importante para la jurisdicción del Segundo Distrito, esto crea una división en el tribunal de circuito con los fallos del Quinto y Octavo circuitos, por lo que esto podría ser llevado a la Corte Suprema.
En la opinión, el juez Bianco indica que la administración Trump no logró justificar su plan de detención de inmigrantes durante un tiempo indeterminado, mientras los procesa para su deportación.
“Es aún más difícil explicar por qué el gobierno, si tenía la responsabilidad de detener a la enorme cantidad de no ciudadanos contemplados en la Sección 1225, habría descuidado durante casi treinta años aumentar su capacidad de detención lo suficiente como para implementar realmente ese mandato”, dice la decisión en referencia al plan migratorio del actual gobierno.
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha implementado un plan para ampliar los centros de detención, pero su intención de retener a inmigrantes en forma indefinida ha sido desafiada en tribunales.
Paul O’Dwyer del bufete de abogados Paul O’Dwyer PC, parte del equipo legal en la demanda indicó que la decisión del tribunal establece que una detención por motivos migratorios “generalmente solo se autoriza si la persona representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad”.
¿Cómo llega este caso a las cortes?
El peticionario del caso es Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, originario de Brasil, quien ingresó a los EE.UU. sin inspección ni admisión alrededor de 2005 y ha vivido en los Estados Unidos desde entonces.
Sin embargo, en 2016 solicitó asilo y, como parte del proceso, se le otorgó un permiso de trabajo válido, pero con las nuevas políticas del gobierno de Trump, Barbosa da Cunha fue detenido por ICE en septiembre de 2025.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), casi desde el inicio de gobierno de Trump, implementó una regla de detención de personas con casos de asilo pendientes, para procesarlos para su deportación.
“El gobierno lo arrestó [a Bargosa da Cunha] con una orden administrativa, lo sometió a un proceso de deportación y afirmó que, mientras su proceso de deportación está pendiente, debe permanecer detenido”, indica un documento judicial.
Sin embargo, la defensa del inmigrante presentó una petición de hábeas corpus, una acción legal sobre posibles detenciones irregulares.
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