Grijalva y Romero acusaron a Tom Homan de amenazar a Arizona tras advertir más redadas del ICE y arrestos colaterales
Las declaraciones del zar fronterizo Tom Homan en la Exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix reactivaron el debate sobre la política migratoria en Arizona, luego de que advirtiera un aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades que no cooperen con las autoridades federales.
El funcionario señaló que, en esos escenarios, se incrementarán tanto los arrestos como la presencia de agentes en comunidades locales, incluyendo detenciones de personas no prioritarias en los operativos.
Grijalva y Romero acusan presión federal sobre comunidades locales
En respuesta, la congresista federal por Arizona, Adelita Grijalva, y la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, emitieron un posicionamiento conjunto en el que rechazaron de forma categórica el mensaje del funcionario.
“No vamos a endulzarlo. Lo que dijo Tom Homan es una amenaza. Punto”, afirmaron.
Ambas funcionarias sostuvieron que el planteamiento federal implica una estrategia de presión contra ciudades que no adopten la línea migratoria del gobierno.
En su postura, advirtieron que los llamados “arrestos colaterales” afectan directamente a familias trabajadoras y residentes sin antecedentes, que pueden ser detenidos aunque no sean el objetivo principal de los operativos.
Operativos del ICE y “arrestos colaterales”
Durante su intervención en Phoenix, Homan defendió una mayor presencia del ICE en zonas urbanas y comunitarias.
Aseguró que “verán más agentes del ICE de los que nunca han visto” y que los arrestos secundarios aumentarán en áreas donde no exista cooperación local.
También explicó que, si una persona objetivo es localizada junto a otras en situación migratoria irregular, estas últimas también serán detenidas.
El funcionario justificó este enfoque como consecuencia de la falta de colaboración de algunos municipios.
Crece la preocupación por detenciones sin antecedentes
En el contexto de la discusión, se mencionó un incremento del 35 por ciento en las detenciones de personas sin antecedentes penales durante los últimos doce meses, lo que ha intensificado las críticas hacia las estrategias de aplicación migratoria.
Grijalva y Romero sostienen que este tipo de operativos generan un efecto adverso en la seguridad pública, ya que el temor a las detenciones reduce la disposición de las comunidades migrantes a denunciar delitos o colaborar con autoridades locales.
Tensión institucional en Arizona
El escenario en Arizona ya venía marcado por controversias recientes relacionadas con infraestructura migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió en enero una instalación en Surprise para convertirla en un centro de detención con capacidad para más de 500 personas, lo que provocó protestas y una demanda de la fiscal general del estado, Kris Mayes.
Además, la congresista Grijalva realizó una inspección en el centro de traslados de Mesa Gateway, donde denunció condiciones de hacinamiento y promovió una iniciativa para limitar a 12 horas el tiempo de permanencia en instalaciones temporales.
Política migratoria federal bajo presión
En paralelo, el director interino del ICE, Todd Lyons, afirmó que la agencia se acerca a la meta de un millón de deportaciones anuales.
Aunque reconoció fallas en operativos recientes en Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron durante acciones federales, defendió la continuidad de la estrategia migratoria.
Homan, por su parte, admitió ajustes tras esos incidentes, pero reiteró que las deportaciones masivas y los arrestos colaterales seguirán siendo parte central de la política de aplicación migratoria.
En medio del aumento del gasto federal en control migratorio y la exhibición de tecnologías de vigilancia en Phoenix, el choque entre autoridades locales y federales en Arizona se mantiene en ascenso.
Grijalva y Romero sostienen que las medidas anunciadas por Homan representan una estrategia de intimidación que afecta la cohesión y seguridad de las comunidades.
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