Agentes fronterizos podrán basarse en sospechas de delitos para impedir el ingreso de residentes permanentes, tras un fallo de la Corte Suprema
La Corte Suprema avaló una resolución que permite a los agentes fronterizos negar el ingreso de residentes permanentes sin contar con evidencia definitiva de delitos en el momento del reingreso al país.
La decisión fue aprobada por mayoría de 6 votos contra 3 y modifica el criterio previo establecido por un tribunal inferior, en un caso que reconfigura el alcance de la autoridad migratoria en los puntos de entrada a Estados Unidos.
Fallo de la Corte Suprema redefine criterios de admisión
El dictamen fue redactado por el juez Clarence Thomas y revoca una resolución del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso conocido como Blanche v. Muk Choi Lau.
Con este fallo, el máximo tribunal estableció que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite considerar a un residente permanente como solicitante de admisión si existen indicios de comisión de un delito, incluso si la resolución formal de culpabilidad ocurre posteriormente.
Origen del caso en la frontera
El proceso legal se originó en 2012, cuando Muk Choi Lau, ciudadano chino con residencia permanente en Estados Unidos desde 2007, intentó reingresar al país mientras enfrentaba cargos penales por falsificación de marcas en Nueva Jersey.
En ese momento, un oficial de frontera no autorizó su admisión plena y le concedió un permiso condicional o parole, mientras se resolvía su situación judicial. Un año después, tras declararse culpable, el gobierno inició el proceso de expulsión.
Debate sobre el estándar de pruebas en la frontera
El Tribunal de Apelaciones había determinado previamente que las autoridades migratorias debían contar con pruebas claras y convincentes al momento del reingreso para justificar una decisión de inadmisión.
Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que la evaluación puede basarse en la existencia del delito y su confirmación posterior durante los procedimientos de remoción, sin requerir evidencia definitiva en el punto de entrada.
Postura en contra dentro del tribunal
La jueza Ketanji Brown Jackson emitió un voto disidente en el que cuestionó el alcance de la decisión, al señalar que la medida coloca a los residentes en una situación de incertidumbre migratoria antes de una resolución judicial definitiva.
En su postura, advirtió que la determinación otorga al gobierno un margen amplio de actuación en materia migratoria, al considerar suficiente la sospecha de un delito para restringir el estatus de un residente permanente.
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