Abogada puertorriqueña experta en inmigración alerta sobre retrasos inusuales en trámites ante USCIS en la isla

NUEVA YORK – Falta de comunicación con migrantes en centros de detención fuera de Puerto Rico, retrasos inusuales en trámites relacionados con la emisión de visas y la aplicación distinta de la opción de autodeportación son solo algunos de los retos que tienen que manejar abogados en la isla como resultado de la campaña de deportaciones masivas que impulsa la Administración del presidente Donald Trump.

Yamila Rodríguez, vicepresidenta del capítulo de Puerto Rico de AILA (Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración), indicó en entrevista con El Diario que dos migrantes africanos que representa fueron trasladados a Texas y lleva, aproximadamente, un mes sin poder establecer comunicación con ellos.

“Tengo comunicación a través de sus familiares”, reveló.

“¿Cuál es el problema? Falta de comunicación. Al día de hoy, yo solo pude identificar quién es el oficial de detención de uno de ellos, pero no me dejan hablar con ellos, a pesar que yo soy la abogada”, cuestionó Rodríguez.

Si un ciudadano extranjero es detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), puede permanecer en un centro hasta la fecha de su juicio en la corte de inmigración o hasta el día de su deportación.

En Puerto Rico, solo existe un centro de detención migratorio en Guaynabo, en la zona metropolitana, con capacidad limitada. Ante el incremento en arrestos, las autoridades federales llevan trasladando a migrantes a reclusorios en EE.UU. para continuar su procesamiento con miras a la deportación desde el año pasado.

Los dos clientes de Rodríguez fueron detenidos en unoperativo contra vendedores ambulantes en San Juan. La abogada explicó que, por más que han intentado acelerar la salida voluntaria a sus países de origen, no ha sido posible.

“Antes de ellos irse, solicitaron aquí. Nosotros le pedimos al oficial que nos dejara procesarlo y que ellos pagaran sus propios pasajes, lo que hace el proceso más fácil, porque no tienen que esperar por ICE. Aquí el oficial dijo que no se podía. Hemos escrito al centro de detención y nadie nos hace caso”, contó.

Según Rodríguez, la decisión es discrecional o depende del oficial de detención, aunque se supone que es un derecho de los detenidos.

“Nosotros, como abogados, debemos tener el derecho de hablar con nuestros clientes, y si el cliente verdaderamente quiere autodeportarse, tratar de atender ese asunto con los oficiales de detención. Pero eso depende de la orden del día si el oficial tiene o no esa discreción”, afirmó la letrada.

A los clientes los arrestaron junto a otros migrantes por, alegadamente, estar vendiendo mercancía ilegal.

“Cuando le chequean el estatus migratorio ven que ellos, todos, tienen permisos de trabajo por asilo y entonces lo que alegan es que violaron los términos de ese permiso de asilo…Pero, por el otro lado, ellos no tienen cargos criminales”, contrastó.

La defensora legal insistió en la doble vara al momento de evaluar las solicitudes.

“He tenido casos de clientes haitianos que los arrestaron y los iban a deportar, pero, en su lugar, le dieron un grillete y le dijeron que, cuando tuvieran el pasaje, volvieran, pero a los africanos no se lo dan. Esto es una locura tan grande que yo no lo puede decir a los clientes qué es lo que va a ocurrir porque algunos le ponen un grillete y los dejan irse y a otros no. Todos los días es como un invento distinto”, argumentó.

“Yo ahora tengo un caso de uno que lo arrestaron porque tenía una orden de deportación vieja y lo cogieron ahora. Hablamos con el oficial, pagamos el pasaje y en 24 horas ya estaba en la República Dominicana”, puntualizó Rodríguez.

El derecho a la salida voluntaria

Los migrantes detenidos tienen derecho a solicitar una salida voluntaria, conocida como la autodeportación. Sin embargo, el proceso no es automático, ya que debe ser aprobado por un juez de inmigración o por ICE.

A un migrante se le puede negar la salida voluntaria si ha cometido un delito grave como asesinato, violación o abuso sexual de un menor, de acuerdo con información provista por ICE en su página web.

Tampoco le aplicaría esta opción si es identificado como un extranjero que intentó entrar en EE.UU. por un puerto de entrada, pero no fue admitido, o alguien que es interceptado en el mar.

Otro asunto que preocupa a la integrante de RM Estudio Legal es la posibilidad de que a los abogados en Puerto Rico se les exija acudir presencialmente a audiencias en cortes en EE.UU.

La graduada de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) señaló que, en tribunales de EE.UU., algunos jueces han empezado a limitar las comparecencias a través del sistema digital, conocido como Webex, lo que resulta más oneroso para los abogados y sus clientes.

“Hay ya estados en los que los jueces no quieren que los abogados comparezcan en Webex, que es el sistema por Zoom que se usa en la corte de migración. Yo puedo tener un cliente en Seattle (Washington), pero yo estoy en Puerto Rico y siempre veo a mis clientes por Webex a menos que sea allá el juicio final en su fondo, pues uno va allá. Pero, para una vista de estatus que es de cinco minutos, ¿tengo que ir presencial? Eso le añade un costo increíble al cliente”, expuso Rodríguez, quien este año ha tenido que viajar en dos ocasiones para audiencias en territorio continental.

Audiencias de estatus una tras otra

La jurista indicó que, contrario a algunos estados, en Puerto Rico no se están realizando audiencias masivas, “pero vemos la carga en lo que le llaman el ‘Master Calendar’, que son las audiencias de estatus”.

Un Master Calendar o audiencia de calendario maestro es la primera cita que tiene un detenido ante un juez en un proceso de deportación.

“Es una detrás de la otra, una detrás de la otra, porque no dan abasto (los jueces)”, agregó.

A Rodríguez no le consta de arrestos por parte de agentes federales en la corte migratoria en San Juan como se denunció en el verano pasado.

Detenciones en la corte migratoria

Este martes, un juez federal en California extendió a todo EE.UU. la orden que le prohíbe a agentes de ICE detener a extranjeros en los tribunales de inmigración.

El juez P. Casey Pitts, del Tribunal del Distrito Norte, amplió la directriz que emitió en diciembre pasado para impedirle tanto a los agentes de esa agencia como a los de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) esperar en los pasillos a los inmigrantes que pierden sus casos para detenerlos.

Sobre la restricción de asilo para solicitantes de 39 países, que fue declarada ilegal por un juez federal en Rhode Island a principios de este mes, Rodríguez señaló que el cambio ha retrasado aún más los procesos.

“Por ejemplo, tengo clientes en Cuba que están esperando por su entrevista final de visa familiar; no hemos recibido nada. Tengo clientes aquí de Venezuela que tienen su cita de ajuste de estatus; no hemos recibido comunicación. Tengo varios clientes de Venezuela de visa de matrimonio que se casaron dentro de los EE.UU. y entraron legalmente para hacer ajuste de estatus y no han recibido ni la cita, ni el Seguro Social, nada”, mencionó.

Sobrecarga para oficiales de USCIS

Las trabas en la comunicación con USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) agravan la situación, resaltó la abogada.

“Mis clientes están desesperados y yo no les puedo dar una contestación porque no puedo hablar directamente con la oficina de San Juan. Yo tengo que llamar un 1-800, abrir una nota de un número de caso y ellos dicen que me van a llamar en 30 días”, añadió Rodríguez.

Un análisis de American Inmigration Council explica que, antes de la restricción de la Administración Trump, cuando una persona solicita un beneficio ante USCIS, un funcionario revisaba la solicitud y determinaba si la persona reunía los requisitos necesarios.

A finales de noviembre del año pasado, el proceso fue alterado con la suspensión de la tramitación de beneficios migratorios para los ciudadanos de 39 países, supuestamente, en respuesta a un tiroteo en el que murieron dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C.

A raíz de esa decisión, USCIS dejó las solicitudes archivadas.

La anulación de esa política y otras tres por parte del juez federal obliga a USCIS a comenzar a tramitar cientos de miles de solicitudes que habían quedado suspendidas.

“No obstante, el fallo no afecta a otras restricciones independientes implementadas por el Departamento de Estado, entre ellas una “pausa” en la concesión de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países y la prohibición de viaje o entrada a Estados Unidos impuesta por el presidente Trump para ciudadanos de 39 países”, especifica el blog.

Rodríguez se refirió a un caso para el que pidió la intervención del comisionado residente Pablo José Hernández que podría impactar a una solicitante que se supone inicie un National Resident Matching Program (NRMP) el 1 de julio.

“Yo tuve una cita el 27 de mayo y el oficial dijo que la petición de matrimonio está aprobada, pero el resto del ajuste de estatus estaba pendiente a que el supervisor diera instrucciones. Al día de hoy, no tengo ni la I-130 aprobada ni nada y la persona es una doctora que va a empezar un ‘match program’ el 1 de julio. No tiene permiso de trabajo; no tiene nada. Le hemos escrito por ‘express mail’ (correo exprés) a la oficina de inmigración porque eso merece una ‘expedite requests’ (solicitud expedita) y está todo en el aire”

El Formulario I-130 o Petición de Familiar Extranjero es el primer paso para que un ciudadano estadounidense o residente permanente pueda ayudar a un familiar a obtener ese beneficio en EE.UU.

Sobrecarga para empleados de USCIS

A preguntas de cuál es el problema que más se repite en términos de los casos migratorios que maneja, la vicepresidenta de AILA en Puerto Rico se refirió a la carga excesiva de trabajo de los oficiales de USCIS y el continuo cambio de instrucciones.

“La oficina de USCIS de Puerto Rico y sus oficiales son muy buenos, son muy efectivos. Lo que pasa es que tienen una sobrecarga de trabajo brutal, porque, antes, lo que se podía ver y adjudicar sin entrevista, ahora, los están obligando a hacer una doble revisión; ver cada punto y coma de esas solicitudes que se están haciendo. Esa gente ahora nos asigna las entrevistas a las 7 de la mañana. Así que un oficial tiene un montón de carga y no tienen ayuda adicional. Además de esos, ellos todos los días reciben directrices nuevas que no saben qué hacer”, alertó.

La abogada consideró que el panorama en Puerto Rico no es distinto al de los estados.

“Estuve en la reunión nacional de AILA (el lunes) y pudimos confirmar que todos estamos pasando por los mismos procesos. Falta de información, retrasos inusuales…Los abogados tenemos las manos atadas”, aseguró.

Este martes, un tribunal federal de apelaciones autorizó a la Administración Trump reanudar deportaciones rápidas o exprés de migrantes indocumentados en EE.UU.

Los jueces del Tribunal de Apelación de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia anuló una sentencia de una corte inferior que bloqueaba temporalmente la ampliación del uso de la “expulsión acelerada” por parte del presidente, reseñaron medios nacionales.

No está claro, al momento, cuál sería el impacto del fallo judicial en el archipiélago.

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