El programa de Reconocimiento y Acreditación acreditaba a personas y organizaciones sin fines de lucro para brindar representación legal a inmigrantes
El Departamento de Justicia de Estados Unidos desmanteló de manera discreta su programa de asistencia legal para inmigrantes de bajos ingresos, según fuentes consultadas por CBS News.
El programa de Reconocimiento y Acreditación, activo durante más de 60 años, acreditaba a personas y organizaciones sin fines de lucro para brindar representación legal a inmigrantes en todo tipo de trámites, desde solicitudes de naturalización hasta procedimientos ante tribunales de inmigración.
El programa, que ayudó a suplir la ausencia de defensores públicos en el sistema judicial de inmigración, contaba con más de 2,600 representantes en más de 900 programas a nivel nacional, muchos de ellos vinculados a organizaciones religiosas como Catholic Charities y Jewish Family Services.
Según las fuentes, la semana pasada los abogados senior que gestionaban el programa fueron reasignados a tareas en los tribunales de inmigración, dejando solo a dos empleados administrativos sin autoridad legal para aprobar o renovar las acreditaciones.
La decisión fue tomada por Jamee Comans, subdirectora interina de la Oficina de Políticas de la EOIR.
Expertos legales y defensores de los derechos de los inmigrantes advirtieron que esto podría dificultar aún más el acceso a representación legal en un sistema ya sobrecargado.
Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, señaló que el programa “salva vidas” y ayuda a reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración. “Cualquier intento de ralentizar el programa entorpecerá un sistema ya sobrecargado y colapsado”, afirmó.
El R&A acreditaba principalmente a representantes para asistir a inmigrantes ante el Departamento de Seguridad Nacional en solicitudes de residencia, naturalización o estatus humanitario. Un número menor de acreditados podía representar a los inmigrantes directamente ante tribunales del Departamento de Justicia.
El programa tiene raíces en la comunidad religiosa, surgido en la década de 1950 cuando organizaciones sentían un deber pastoral de ayudar a inmigrantes a navegar un sistema legal complejo.
Peggy Gleason, abogada del Immigrant Legal Resource Center, consideró que la destitución de abogados del programa constituye “un ataque a la libertad religiosa”.
En los últimos años, el DOJ ha reducido programas de orientación legal, destituido jueces de inmigración y dificultado la apelación de fallos adversos. Expertos advierten que estas acciones, sumadas al desmantelamiento del R&A, podrían saturar aún más los tribunales y dejar a cientos de miles de inmigrantes sin representación.
Organizaciones defensoras del debido proceso, como el Instituto Vera de Justicia y National Partnership for New Americans, pidieron que se restituya el personal del programa y que el Congreso apruebe leyes de protección y equidad que garanticen acceso a representación legal y a un proceso justo.
Shayna Kessler, directora de Vera, afirmó que “en lugar de cambios políticos imprudentes y ataques constitucionales, necesitamos inversiones en el debido proceso”. Nicole Melaku, de National Partnership for New Americans, advirtió por su parte que la decisión tendrá “consecuencias devastadoras para familias, organizaciones y la economía”.
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