Demanda federal contra Trump por retrasos en DACA: miles en riesgo de perder su estatus

Una demanda federal fue presentada contra el gobierno de Donald Trump por los retrasos en el procesamiento de renovaciones del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una situación que ha provocado la pérdida de permisos de trabajo, empleos y protección contra la deportación para miles de beneficiarios.

La acción legal fue interpuesta el 25 de junio en el Distrito Norte de California contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), agencias responsables de administrar el programa migratorio. El caso fue impulsado por el Centro de Acción de Justicia en representación de organizaciones que brindan apoyo legal a beneficiarios de DACA.

De acuerdo con la denuncia, miles de solicitantes habrían perdido su estatus migratorio debido a demoras en la resolución de sus renovaciones, a pesar de que el trámite debe realizarse cada dos años. Datos citados en el proceso señalan que el tiempo de procesamiento ha aumentado de forma considerable en los últimos años, pasando de aproximadamente medio mes en 2025 a 2.7 meses en 2026.

Las organizaciones demandantes enviaron previamente solicitudes de información en mayo para conocer las causas de los retrasos en los trámites presentados en meses anteriores, pero al no recibir respuesta decidieron recurrir a la vía judicial. Entre sus exigencias se incluye el acceso a datos sobre políticas internas, tiempos de procesamiento y volumen de renovaciones pendientes.

Beneficiarios de DACA afectados por retrasos

Abogados y defensores del programa aseguran que el proceso de renovación, que antes era considerado estable y predecible, se ha vuelto irregular. En algunos casos, los retrasos han alcanzado varios meses, provocando la pérdida temporal de permisos de trabajo.

Sin embargo, también se han registrado aprobaciones en plazos más cortos en casos recientes, lo que ha generado incertidumbre entre solicitantes y organizaciones legales que acompañan estos procesos.

Representantes del Justice Action Center advierten que estas demoras no solo afectan la estabilidad laboral de los beneficiarios, sino también su seguridad migratoria y la posibilidad de mantener a sus familias.

Postura de las autoridades y contexto legal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que los beneficiarios de DACA no cuentan con un estatus legal permanente ni protección automática contra la deportación. La agencia ha reiterado que cualquier persona indocumentada bajo el programa puede ser detenida o expulsada si incurre en ciertas condiciones establecidas por la ley.

Un fallo judicial reciente permitió que los actuales beneficiarios mantengan sus permisos de trabajo y protección contra la deportación mientras cumplan con los requisitos y renueven su estatus. No obstante, también se han reportado casos de arrestos y deportaciones dentro de este grupo durante la actual administración.

Además, una resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración estableció que el estatus de DACA no puede ser el único criterio para detener procesos de deportación, lo que ha añadido un nuevo nivel de incertidumbre jurídica.

Historias detrás de las demoras

La demanda incluye casos de beneficiarios que aseguran haber quedado en pausa debido a la falta de respuesta gubernamental. Entre ellos se encuentran profesionales de la salud que no han podido iniciar residencias médicas o continuar con sus empleos por la falta de renovación oportuna.

También se reporta el caso de un profesor en Nueva York que presentó su solicitud con meses de anticipación, pero aún no recibe respuesta, situación que lo ha llevado incluso a buscar apoyo económico ante la incertidumbre laboral.

Estos testimonios reflejan el impacto directo de los retrasos en la vida cotidiana de los beneficiarios de DACA, quienes dependen de la renovación de su estatus para trabajar, estudiar y permanecer legalmente en Estados Unidos.

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