Un funcionario del DHS, que dijo bajo anonimato, que las compras de almacén que ya se habían hecho están siendo objeto de una verificación minuciosa
Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha suspendido la compra de nuevos almacenes destinados a alojar inmigrantes mientras examina minuciosamente todos los contratos firmados bajo la gestión de la exsecretaria Kristi Noem.
Esto ocurre pocos días después de que el nuevo secretario del DHS, Markwayne Mullin, jurara su cargo la semana pasada para dirigir un departamento que estuvo envuelto en la polémica durante el mandato de Noem, pero que también fue fundamental para la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
El funcionario en cuestión, que habló bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema. Indicó que las compras de almacén que ya se habían hecho están siendo objeto de un examen minucioso.
Al ser consultado sobre los informes de la pausa, el DHS explicó que, “como en cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”.
La agencia también apuntó que Mullin dijo en su audiencia de confirmación que quería “trabajar con los líderes de la comunidad” y “ser buenos socios”.
Mullin heredó un plan de $38,300 millones de dólares para incrementar la capacidad de detención a 92,000 camas a través de la adquisición de ocho centros de detención a gran escala, con capacidad para albergar entre 7,000 y 10,000 arrestados cada uno, y 16 centros de procesamiento regionales más pequeños.
El plan se gestó en el mandato de Noem, pero inmediatamente se topó con un gran obstáculo en todo Estados Unidos por parte de residentes y comunidades que se oponían a la construcción de instalaciones tan grandes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus barrios.
Gran parte se opuso por motivos morales a la presencia del ICE en sus vecindarios, mientras que otros se preguntaron si las instalaciones supondrían una sobrecarga para los recursos locales, como los sistemas de alcantarillado y agua potable, informó CBS News.
Hasta entonces, se han comprado 11 almacenes en Arizona, Georgia, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas y Utah, con un gasto combinado del gobierno federal de $1,074 millones de dólares.
No obstante, hay demandas pendientes en tres de los estados. En tanto, se ha reducido la capacidad de al menos un almacén. En principio, se planeaba usar un almacén en Surprise, un suburbio de Phoenix, como centro de procesamiento con capacidad para 1,500 personas, pero el DHS ahora planea limitar la ocupación a 542 camas, declaró el alcalde de Surprise, Kevin Sarter, en una rueda de prensa.
En muchos casos, los alcaldes, los comisionados del condado, los gobernadores y los integrantes del Congreso se enteraron de las ambiciones del ICE solo después de que la agencia comprara o alquilara espacio para los detenidos, lo que causó conmoción y frustración incluso en zonas que han apoyado a Trump.
El proyecto del almacén se cruzó con dificultades desde el inicio. Ocho acuerdos se frustraron en sitios como Kansas City, Missouri, cuando los dueños decidieron no vender.
Al ser preguntado sobre la falta de confirmación, Mullin reconoció que hubo problemas.
“Tenemos que proteger la patria y lo vamos a hacer”, expresó Mullin. “Pero, obviamente, queremos trabajar con los líderes de la comunidad”.
Mullin, quien se hizo responsable y amplió el negocio de su familia de plomería antes de representar a Oklahoma en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, manifestó que “una cosa que sí sé es construcción”. Apuntó que la mayoría de los municipios no cuentan con la infraestructura necesaria para la gestión de residuos y agua.
“Por lo tanto, es importante que hablemos con las comunidades y, si tenemos necesidades adicionales, podemos trabajar con las ciudades”, dijo en su audiencia de confirmación.
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