Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos enfrentan en EE.UU. penas de 40 años de prisión a cadena perpetua por narcotráfico
El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de participar en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, en una causa que también involucra a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos mandos policiales, un senador y el alcalde de Culiacán.
La acusación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que Rocha Moya y los demás imputados utilizaron sus cargos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa y facilitar el envío de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
Todos enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas. En el caso de Rocha Moya y de otros ocho acusados, las penas contemplan una condena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.
Según el expediente, Rocha Moya, gobernador desde noviembre de 2021, habría contado con el respaldo de la facción de los “Chapitos” para llegar al poder. La acusación afirma que ese grupo, integrado por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, secuestró e intimidó a rivales políticos para favorecer su elección.
A cambio, sostiene la Fiscalía, Rocha Moya se comprometió a proteger a los Chapitos antes y después de asumir el cargo. Ya como gobernador, presuntamente les permitió operar con impunidad en Sinaloa y mantuvo reuniones con sus líderes mientras el grupo expandía el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
“El Cártel de Sinaloa y otras organizaciones similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton. “Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
Los otros acusados
Entre los otros acusados figuran el senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; y varios exjefes policiales y funcionarios estatales.
La DEA sostiene que los acusados desempeñaron funciones esenciales para la organización criminal: alertaban sobre operativos, compartían información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército, protegían cargamentos de droga y garantizaban que miembros del cártel evitaran arrestos o procesos judiciales.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, dijo el administrador de la DEA, Terrance C. Cole. Añadió que los acusados “utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel”.
Actos violentos
La acusación también detalla que algunos funcionarios participaron directamente en actos violentos.
En particular, el excomandante policial Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte, tras presuntamente colaborar en el rapto, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023.
Debido a esos cargos adicionales, Valenzuela Millán enfrenta una pena que podría incluir cadena perpetua o incluso la pena de muerte, además de las sanciones por narcotráfico y armas.
Según la Fiscalía, los diez acusados recibieron millones de dólares en sobornos a cambio de sus servicios. Uno de ellos, el fiscal adjunto de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, habría recibido unos $11,000 dólares mensuales de los Chapitos para proteger a integrantes del grupo y advertirles sobre operaciones con apoyo estadounidense.
Las autoridades estadounidenses creen que todos los acusados residen actualmente en México.
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