Miles de inmigrantes de Ecuador enfrentan la precariedad, supervivencia y el miedo a ser detenidos por ICE en estados como Nueva York
Son las 5:00 a.m. ET en Peekskill, ubicado en el condado de Westchester al norte de Nueva York. El aire húmedo del río Hudson apenas empieza a clarear y Cristian —un ecuatoriano de 42 años, oriundo de Machachi, provincia de Pichincha— ajusta la mochila al hombro. No hay buses a esa hora, pero igual camina casi una hora hacia su trabajo. Lo hace, según dice, “más por salud que por obligación”. En realidad, lo mueve otra razón: el miedo.
“Uno trata de andar con perfil bajo, de que no lo vean mucho. Aquí salir de noche o muy temprano es más seguro, porque a veces las camionetas del ICE aparecen sin previo aviso”, relata.
Su rutina, que parecería común en cualquier trabajador inmigrante, cambió en enero de 2025. Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, esta vez para un segundo período, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se multiplicaron. La “tolerancia cero” no solo golpea a quienes cruzaron irregularmente la frontera: afecta también a quienes buscan asilo o incluso tienen procesos legales abiertos.
“Se vive con un temor constante de que en cualquier momento le paren a uno y lo deporten. Aquí lo he visto: hasta gente con papeles legales se la llevan por estar cerca de los que no los tenemos”, expresa el ecuatoriano.
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De Machachi al Darién: una travesía con cicatrices
La decisión de migrar no fue planeada por años ni alentada por parientes en el extranjero. Cristian tomó la determinación en un momento de desesperación. Tenía tres hijos, un sueldo de 25 dólares diarios como maestro de obras y una hija a punto de entrar a la universidad.
“No quería que mis hijos vivieran las carencias que yo pasé. Vengo de una familia disfuncional y pobre. Cuando mi hija necesitaba entrar a la universidad y no tenía nada para darle, me dio ansiedad. Decidí salir”, recuerda.
La ruta lo llevó al temido Tapón del Darién. Viajó con un grupo de once personas, pero una caída en la selva lo dejó solo. “Me golpeé la rodilla en un tronco y tuve que seguir apoyándome en un palito. Es una zona durísima, peligrosa. Vi muertos en el río, escuché de violaciones, de secuestros masivos. Es cruel”.
Un compatriota de Latacunga, que viajaba con su esposa y un niño pequeño, fue emboscado. “Les hicieron subir a un monte, les requisaron todo, hasta los obligaron a hacer sus necesidades para revisar si escondían dinero. Eso es lo que vivimos”, dice Cristian.
En Colombia, además, enfrentó a la policía corrupta: “En cada parada del bus nos pedían coimas. Un policía requiso a todos y les quitó el dinero. Un migrante es un negocio andante”, sentencia.
Al llegar a Denver, creyó que tendría apoyo de un amigo que lo había animado a viajar. Pero lo recibió con una dirección, un colchón en la sala por 100 dólares semanales y la frase: “Desenvuélvete solo”.
Hoy, en Nueva York, Cristian gana $17 dólares la hora en trabajos de jardinería, pintura o instalación de muebles. Suena mejor que los $25 dólares diarios que ganaba en Ecuador, pero los costos lo devoran.
“Pago $800 dólares por un cuarto sin cocina. El baño es compartido con varias personas. Aquí hasta los closets arriendan para dormir”, cuenta. La comida, sin cocina propia, le cuesta $100 dólares semanales.
Envía a su familia apenas $100 dólares al mes. “En Ecuador mi esposa hace ropa de trabajo, pero es barata y no alcanza. Aquí no se puede ahorrar mucho. Lo que se gana, se gasta”, explica.
El contraste con el “sueño americano” lo golpea a diario: “En Ecuador no sabía lo que era una depresión. Aquí sí. Me dio duro. La terapia cuesta $200 dólares por sesión. Entonces uno se aguanta, trata de curarse solo. Muchos migrantes estamos así”.
Las sombras del ICE
Lo que más ha marcado la vida de Cristian desde 2025 son las redadas del ICE. En Denver, donde vivió antes de mudarse a Nueva York, las comunidades mexicanas, hondureñas y guatemaltecas eran las más perseguidas. “Pero se llevaban a todos: en una casa iban por un hondureño con antecedentes y se llevaban también a diez migrantes más que vivían allí”, asegura.
Las redadas se concentran en sectores latinos. En Aurora, zona vecina de Denver, los operativos eran diarios. Los trabajadores se organizaban con chats para alertar sobre la presencia de camionetas del ICE. “Decían: ‘No vayan por ahí, hay patrullas’. A veces nos quedábamos parados dos horas en la carretera hasta que se despejara”.
Él mismo vivió momentos de pánico: “Rozábamos calles donde estaban agarrando migrantes. Uno pasa con el alma en la boca, tratando de no mostrar nerviosismo, porque si ven miedo, lo paran a uno”.
En Nueva York la situación no es distinta. Cristian evita bares, discotecas o reuniones grandes. “Ahí hacen redadas. Prefiero quedarme en mi cuarto. Uno mismo se tiene que cuidar”, confiesa.
Además del acoso oficial, Cristian ha enfrentado racismo cotidiano. “Un hombre afroamericano en un bus me insultó: ‘Fucking migrant’. Me tuve que ir para que no me golpeara. Aquí hay gente muy racista. Hasta con la mirada le hacen sentir que no se acerque”.
Esa hostilidad se mezcla con medidas económicas que también apuntan a los migrantes. “Dicen que quieren cobrar 5 por ciento a las remesas y hasta 10por ciento de los ahorros en cuentas bancarias de hispanos. Es una persecución total”, denuncia.
Aun así, insiste en mantenerse en Estados Unidos un tiempo más, pagar sus deudas y volver. “Este país es bonito, pero no quiero que mis hijos crezcan aquí. La familia es irremplazable. No hay ecuatoriano en su sano juicio que no quiera regresar”, reflexiona.
Su mensaje a quienes planean migrar es tajante: “Que gasten hasta la última oportunidad para seguir en Ecuador. Aquí el sueño americano está romantizado. La realidad es dura, solitaria y peligrosa. Que lo tomen como última opción”.
Trump y la maquinaria de las redadas
El segundo mandato de Donald Trump inició en enero de 2025 con la promesa de “restaurar el orden” en las fronteras. En sus primeras semanas, el mandatario firmó órdenes ejecutivas para intensificar la detención y deportación de inmigrantes.
Las cifras acompañan el discurso. Según datos de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las detenciones de migrantes irregulares aumentaron un 38 por ciento en los primeros seis meses de su nuevo mandato. En ciudades como Nueva York, Houston y Los Ángeles, se reportaron operativos incluso dentro de tribunales y hospitales.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que, bajo el pretexto de detener a migrantes con antecedentes criminales, los agentes arrastran también a familias enteras, incluyendo a quienes tienen procesos legales abiertos.
El caso más visible de ese hostigamiento se vivió en septiembre de 2025, con la ecuatoriana Mónica Elizabeth Moreta, agredida violentamente por un agente en el mismo tribunal de inmigración de Nueva York.
El hecho se registró en los pasillos del 26 Federal Plaza en Manhattan —un edificio gubernamental que alberga un tribunal de inmigración—, que fueron escenario de una de las imágenes más violentas de la nueva ofensiva migratoria en Estados Unidos.
Mónica Moreta Galarza, una ecuatoriana de 38 años, acudió junto a su esposo, Rubén Abelardo Ortiz López, y sus dos hijos de 10 y 12 años, a una cita rutinaria por su caso de asilo. La jueza había fijado la siguiente audiencia para mayo de 2026. Salieron de la sala esperanzados.
Pero la ilusión se desmoronó en segundos. En el corredor, varios agentes del ICE los interceptaron. Rubén Ortiz fue reducido en medio de los gritos de los niños. Mónica intentó resistir, se aferró a su esposo y abrazó a sus hijos.
Entonces ocurrió lo impensable: “Uno de ellos me embistió tan agresivamente que sentí terror, y terminó arrojándome al suelo. Nos trataron como animales”, relató Moreta a BBC Mundo.
La escena quedó registrada en video: un agente con camisa a cuadros verdes y azules empujó a Mónica contra una pared y luego al piso. Su hija lloraba a pocos metros. Su hijo, paralizado, apenas atinaba a sostenerla.
“Imagínese el miedo de ese momento. Sentí terror. Me pegaron, me lastimaron, hicieron lo que quisieron con mi familia”, dijo después, con la voz quebrada.
Los videos se difundieron en redes sociales en cuestión de horas. La prensa local y fotógrafos presentes captaron el instante en que Mónica quedó inmovilizada boca arriba, mientras su esposo era llevado detenido rumbo a un centro de detención en Pennsylvania.
Las imágenes desataron indignación en Nueva York y reacción inmediata de autoridades como el congresista demócrata Dan Goldman, el alcalde Eric Adams e incluso el contralor Brad Lander, y líderes comunitarios pidieron una investigación criminal contra el agente.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el oficial fue “relevado de sus funciones”. Sin embargo, según reportó CBS News, el agente habría sido reincorporado tras una indagación preliminar.
Ese día, la ecuatoriana fue llevada al hospital por un golpe en la cabeza, pero lo que más trata de sobrellevar es la humillación moral que vivió. “Me dejaron devastada. En mi país sufrí mucho y no pensé que acá me pasara lo mismo. Es feo. Siento como si ya no valiera nada”, contó.
Desde su cuarto en Peekskill, Cristian supo del caso por un compatriota. No lo conocía en persona, pero las imágenes lo estremecieron.
“Cuando vi lo que le pasó a la señora Moreta, sentí que podría ser yo o cualquier ecuatoriano. Aquí nadie está a salvo. Uno vive en alerta, como si lo fueran a cazar”, lamenta.
Su testimonio revela cómo la violencia contra Moreta no fue un hecho aislado. “Todos tenemos miedo de entrar a un tribunal o a un hospital. A mí me da pánico ir a lugares donde hay policías, porque uno no sabe si saldrá de ahí”, agrega.
Hostigamiento sistemático
Lo ocurrido en Nueva York no es un caso aislado. Según datos de Immigration Court Watch, solo en 2025 se reportaron más de 300 detenciones en tribunales de la ciudad, muchas de ellas dentro de las salas de audiencia.
Los abogados migratorios denuncian que los agentes esperan en los pasillos a que las familias terminen su cita y luego las emboscan.
La abogada Lina Stillman, quien ahora representa a la familia Moreta-Ortiz, señaló que “incidentes como este no pueden pasar. Hacemos un llamado a ICE y al DHS a garantizar rendición de cuentas y transparencia”.
La agresión a Moreta resonó en toda la comunidad latina de Nueva York. En barrios como Queens, Brooklyn y el Bronx, donde viven miles de ecuatorianos, se multiplicaron los talleres de “conozca sus derechos” organizados por colectivos migrantes.
Sin embargo, el miedo persiste. Muchos temen incluso denunciar abusos. “Uno no sabe si los agentes van a regresar por usted. Prefieren callar”, señala Juan, un dirigente barrial que pidió su apellido en reserva.
Cristian coincide: “Aquí hasta ir a comprar al supermercado es una decisión difícil. No sabe si va a toparse con ICE en la calle”.
Entre cifras y rostros
Las estadísticas acompañan las denuncias. Según el DHS, entre enero y septiembre de 2025, más de 380,000 migrantes fueron detenidos en operativos internos, fuera de la frontera. De ellos, alrededor de 35,000 son ecuatorianos.
Organizaciones como Human Rights First advierten que las detenciones ya no se concentran en personas con antecedentes criminales, como prometió Trump. En la práctica, familias enteras terminan en centros de detención.
En el caso de Rubén Ortiz, el DHS justificó la detención alegando un arresto previo por “agresión y obstrucción criminal de vía respiratoria”. Pero para su esposa y sus hijos, el trasfondo es más simple: fueron tratados como criminales por pedir asilo.
La noticia llegó rápidamente a Ecuador. En Latacunga, donde vive parte de la familia de Mónica, la indignación fue inmediata. Colectivos de migrantes exigieron al gobierno ecuatoriano que gestione asistencia legal y diplomática.
Sin embargo, la Cancillería se limitó a un comunicado de “seguimiento al caso” sin mayores detalles. Para organizaciones como Asamblea de Migrantes Retornados, este silencio refleja la falta de protección consular a los ecuatorianos en el exterior.
El miedo como herencia
El psicólogo clínico Philip Engel, coordinador de la Carrera de Psicología Clínica y Educativa en la Pontificia Universidad Católica (PUCE), explica que hechos como el de Moreta dejan huellas profundas no solo en los adultos, sino sobre todo en los niños.
“Estamos hablando de una de las crisis humanas más dolorosas. Los niños expuestos a estas redadas desarrollan ansiedad, regresiones de conducta como chuparse el dedo o hacerse pipí en la cama y trastorno de estrés postraumático. Es un trauma que puede heredarse a futuras generaciones”.
Para Engel, lo ocurrido en Manhattan es un ejemplo de cómo la política de “tolerancia cero” se traduce en violencia institucional: “No solo deportan. Rompen familias, generan miedo y normalizan la violencia”.
Cristian apenas logra dormir tres horas seguidas. A menudo despierta sobresaltado, con la sensación de que alguien golpea su puerta.
“A veces sueño que entran los agentes, que me gritan mi nombre, que me apuntan con linternas. Me levanto sudando. Y no puedo volver a dormirme”, cuenta, mientras sostiene una taza de café frío en una cocina diminuta compartida con otros tres migrantes.
Rafael, migrante oriundo de Machala (El Oro), es su vecino desde hace nueve meses. También reniega de la inseguridad. Antes de las redadas trabajaba como albañil o “en lo que había”. Pero ahora, “los gringos ya no quieren ocuparte porque tienen miedo de que las autoridades los multen o los lleven presos. Me fregué”, comenta indignado.
Desde que Trump asumió su segundo mandato, las redadas se volvieron más violentas y más impredecibles. “En 2020 y 2021, uno sabía que era en tal barrio o a tal hora. Ahora pueden llegar en cualquier momento y eso destruye la mente”, dice Rafael.
El miedo constante ha hecho que Cristian y Rafael se aíslen, aseguran. Evitan salir los fines de semana, no asisten a reuniones con compatriotas, dejaron de ir a misa por temor a controles. “Sentimos que me siguen, que me observan. Ya ni sé si es verdad o si es mi cabeza”, confiesan.
El psicólogo Engel describe este cuadro como delirio persecutorio adaptativo: “Son personas que viven un nivel de estrés tan alto, durante tanto tiempo, que su cerebro se adapta para anticipar el peligro. No es paranoia gratuita: el miedo está sustentado en experiencias reales de persecución”, explica
Engel añade que muchos migrantes presentan síntomas de estrés postraumático similares a los de veteranos de guerra: pesadillas, ataques de pánico, hipervigilancia y ansiedad crónica. “Viven esperando el siguiente golpe”, resume.
“Mi hijo me pregunta si la policía se lo va a llevar”
El trauma no se limita al adulto que migra. Engel subraya que las familias que permanecen en Ecuador también desarrollan manifestaciones psicosomáticas, las cuales se incrementan al ver en las noticias las redades de ICE.
“Las madres que esperan llamadas desde Estados Unidos viven con ansiedad permanente. Cada silencio prolongado se interpreta como peligro. En los niños aparecen cuadros de tristeza, irritabilidad y somatizaciones: dolores de cabeza o de estómago sin causa física”, sostiene.
Cristian lo vive desde el otro lado del teléfono. Su esposa, en Machachi, le ha confesado que su hija de 12 años se tapa los oídos cada vez que escucha sirenas. “Ella dice que teme que me agarren y nunca más llame. Me parte el alma”, dice él.
El catedrático Said Calahorrano, quien ofrece asistencia psicológica a familias de migrantes retornados, añade: “El miedo a la deportación genera una separación emocional incluso antes de que ocurra. La familia vive en un estado de duelo anticipado. Esa angustia se hereda: los hijos crecen con un temor aprendido hacia la autoridad y la figura del Estado”.
Los expertos coinciden en que los cuadros más comunes entre los migrantes perseguidos por ICE son la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, el síndrome de hipervigilancia y, en casos severos, el trastorno disociativo.
Engel detalla que estos síntomas se agravan porque la mayoría de migrantes no busca ayuda médica: “Las clínicas comunitarias son escasas, y los servicios privados cuestan entre 150 y 250 dólares por sesión. La salud mental sigue siendo un lujo”.
Cristian lo confirma: “Intenté buscar terapia en Denver. Me dijeron que debía pagar por adelantado. Era imposible. Así que me acostumbré a hablar solo. Me desahogo conmigo mismo”, relata.
El aislamiento, la precariedad laboral y el constante temor a ser detenido generan un círculo vicioso. Engel lo llama “psicología de la cueva”: “El migrante se encierra. Reduce su vida a trabajar y esconderse. Pierde el contacto social, la sensación de comunidad. Cuando eso se prolonga, el cerebro empieza a normalizar la idea de que vivir escondido es lo correcto.”
Para Calahorrano, el daño psicosocial de las redadas no se mide solo en números. “Hay una erosión de la identidad”, explica. “El migrante deja de reconocerse a sí mismo. Se siente ilegal, aunque su única falta haya sido buscar una oportunidad.”
Asegura que, en el discurso oficial, la figura del migrante irregular se ha deshumanizado. “Trump lo asocia con criminalidad, y esa narrativa permea la sociedad. Se instala la idea de que hay personas ‘no merecedoras’ de derechos.”
En 2025, tras la reinstauración del programa ‘Secure Communities’, el gobierno federal permitió que las cárceles locales colaboren con ICE para entregar a migrantes detenidos por faltas menores. El resultado fue devastador: miles de personas sin antecedentes fueron deportadas por infracciones como manejar sin licencia o participar en protestas.
“Nos cazan como si fuéramos delincuentes”
En Denver, Cristian fue testigo de varios operativos. Una vez, durante su turno en una bodega de muebles, vio cómo un grupo de agentes ingresó sin orden judicial. “Buscaban a un mexicano, pero se llevaron a tres ecuatorianos y dos venezolanos. A uno lo sacaron esposado, delante de todos. Era su primer día de trabajo”, recuerda.
En otra ocasión, un amigo suyo fue detenido camino al supermercado. “Solo por su acento. Le preguntaron si tenía papeles. Dijo que no y se lo llevaron. Lo deportaron en una semana”, relata.
Estos episodios, repetidos en cientos de comunidades latinas, han creado un ambiente de terror normalizado. Según el Migration Policy Institute, el 67% de los migrantes en situación irregular evita asistir a hospitales por miedo a ser reportado, y el 54% ha cambiado de domicilio en el último año para eludir redadas.
Pero no todos se resignan. En ciudades como Nueva York y Chicago, organizaciones de base —entre ellas Make the Road, United We Dream y Casa del Migrante— ofrecen talleres sobre derechos básicos durante detenciones. Enseñan a no firmar documentos sin abogado y a exigir una orden judicial para abrir la puerta.
Cristian asistió una vez a uno de esos encuentros. “Nos decían que grabáramos con el celular si llegaban los agentes. Pero, ¿quién se atreve? En ese momento el miedo paraliza”, dice.
Aun así, las comunidades tratan de apoyarse. En los barrios latinos circulan mensajes de texto o alertas en grupos de WhatsApp: “ICE en la calle 14”, “camionetas grises en la 28”, “operativo en el Bronx”. Las redes se han convertido en una herramienta de supervivencia. “Aquí sobrevivir es un acto colectivo. Si alguien avisa, puede salvar a diez familias”, comenta Cristian.
El Departamento de Estado de Ecuador estima que, entre 2020 y 2024, más de 160,000 ecuatorianos salieron rumbo a Estados Unidos. La mayoría lo hizo cruzando la frontera sur, tras recorrer el Darién.
Sin embargo, con el retorno de Trump al poder en 2025, las cifras cayeron bruscamente. Datos del U.S. Customs and Border Protection (CBP) muestran una reducción del 42% en los ingresos de ecuatorianos durante los primeros ocho meses del año.
Las causas no se limitan al endurecimiento de la política migratoria. “La gente ve las imágenes de redadas, las noticias de deportaciones masivas y desiste”, señala Calahorrano. “Pero eso no significa que mejore la situación en Ecuador: solo que el miedo se ha vuelto un muro psicológico.”
Según la organización Freedom for Immigrants, en 2025 Estados Unidos mantiene más de 190 centros de detención, donde permanecen cerca de 43 mil migrantes al día. El 20% de ellos son latinoamericanos; de ese grupo, unos 5 mil ecuatorianos.
El trauma migratorio no termina con la llegada. Engel explica que el cuerpo de un migrante irregular vive en “modo alerta” incluso después de años. “Es una respuesta biológica de supervivencia. El cortisol —la hormona del estrés— permanece elevado. El corazón late más rápido, la digestión se altera, el sistema inmunológico se debilita. Es como si el cuerpo nunca pudiera bajar la guardia.”
Cristian lo siente: “Hay días que no tengo hambre, otros que no puedo respirar bien. Me tiemblan las manos cuando escucho pasos afuera. No sé si eso es enfermedad o miedo, pero ya me acostumbré.”
Los psicólogos coinciden en que la persecución constante configura una nueva frontera mental, una línea invisible que separa a los migrantes del resto de la sociedad. “La frontera ya no está en el río Bravo —dice Engel—”. Está en la mente de quienes viven con el miedo de ser arrancados de su hogar.”
En las sesiones grupales que Calahorrano organiza con migrantes, muchos hombres rompen en llanto al recordar sus jornadas de trabajo. “Uno me dijo: ‘Doctor, yo ya no sé si existo’. Es el síntoma más claro de la despersonalización: sentir que uno vive, pero no pertenece a ningún lugar.”
El experto lo resume con crudeza: “No hay deportación más dolorosa que la del alma.”
Cristian a veces se culpa por haber salido de Ecuador. “Pienso que, si me quedaba, al menos estaría con mis hijos. Pero aquí vivo como un fantasma. Ni en mi propio cuarto puedo hablar fuerte por miedo a que alguien escuche mi acento.”
El compatriota ha pensado en volver, pero no tiene dinero para el pasaje. “Regresar sin nada es fracasar”, dice. Aun así, hay algo que lo mantiene firme: la esperanza de que sus hijos tengan una vida distinta. “Trabajo sin descanso por ellos. Aunque viva escondido, lo hago por amor.”
La ley y la persecución: cómo se justifica el miedo
En el segundo mandato de Donald Trump, el discurso sobre inmigración retomó el tono punitivo que caracterizó su primera gestión. Las medidas firmadas en los primeros 100 días incluyeron la reinstauración de acuerdos de colaboración entre policías locales y el ICE, conocidos como programas 287(g), que permiten a los agentes estatales actuar como funcionarios migratorios.
La abogada y analista política Andrea Endara, experta en políticas internacionales, considera que esas disposiciones “han institucionalizado la persecución”.
“El sistema está diseñado para generar miedo. No es solo detener: es desmoralizar, hacer sentir a la gente que es invisible. Las redadas funcionan como escarmiento público”, señala..
La analista explica que la retórica de Trump se alimenta de una narrativa nacionalista y populista que asocia migración con inseguridad: “El mensaje es que el extranjero es la causa del desempleo, de la violencia, del colapso económico. Así se reinstala una idea racista, con respaldo legal.”
Bajo esta lógica, las agencias federales justifican los operativos con el argumento de “proteger la soberanía nacional”. Pero los efectos son devastadores: separación familiar, detenciones arbitrarias, criminalización de trabajadores y niños aterrorizados.
Aunque Nueva York se define como una “ciudad santuario”, las políticas federales han desbordado sus mecanismos de protección.
Según el reporte de Immigrant Defense Project (IDP), las detenciones en tribunales y espacios públicos aumentaron un 47% en los primeros seis meses de 2025. “Las cortes se han convertido en trampas para los migrantes”, denunció la abogada María Murillo, del IDP.
Cristian lo confirma desde su experiencia: “Aquí dicen que es ciudad santuario, pero eso no existe. Si lo fuera, no detendrían gente dentro de los mismos juzgados”.
El miedo se traduce en ausentismo judicial. “Muchos migrantes dejan de ir a sus audiencias por temor a ser detenidos. Y al no presentarse, pierden automáticamente sus casos”, explica Endara.
Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch han advertido que los protocolos internos del ICE permiten la discrecionalidad total. “No hay supervisión real. Los agentes actúan bajo un manto de impunidad. Si se exceden, se justifican en seguridad nacional”, indica Endara.
Esto ha creado lo que la experta conoce como sistema de castigo preventivo. “No esperan que el migrante cometa un delito: lo suponen culpable por existir fuera del marco legal.”
Esta situación, explica Endara, genera que los procesos judiciales de deportación estén colapsados. “Hay jueces con más de 2,000 casos pendientes. Las audiencias se reprograman cada año. Mientras tanto, las personas viven en un limbo legal, sin derechos plenos ni estabilidad.”
William Murillo, director de la organización 1800-Migrante, organismo que ofrece apoyo legal a ecuatorianos, interpreta las redadas no solo como política migratoria, sino como estrategia de control social.
“El miedo es un mecanismo de gobierno. Se convierte en una herramienta para cohesionar a una parte de la población en torno al odio al extranjero. No se trata solo de expulsar, sino de disciplinar a quienes se quedan.”
La persecución, dice, ha generado una cultura del silencio en los barrios latinos. “En muchas comunidades, nadie denuncia, nadie habla. Es la misma lógica que vimos en regímenes autoritarios: la autocensura como mecanismo de defensa.”
La vida bajo sospecha: Cristian en Nueva York
Peekskill, donde vive Cristian, es un pequeño enclave de obreros y migrantes a una hora del Bronx. Las casas antiguas de ladrillo se mezclan con almacenes y talleres. Allí, los ecuatorianos han formado redes de supervivencia.
“En este barrio nos ayudamos entre nosotros”, cuenta. “Si alguien se enferma, hacemos colectas. Si detienen a uno, los demás mandamos algo para el abogado. Pero la mayoría no puede pagar defensa.”
Cada mañana, Cristian toma un tren al sur para trabajar. “Uno se levanta sin saber si volverá al cuarto en la noche. Pero hay que seguir, porque si no trabajas, no comes.”
A veces, cuando el tren se detiene y ve patrullas afuera, siente que el corazón se le acelera. “Pienso: ‘Ya llegaron’. Me preparo mentalmente para correr. Pero al rato sigue el tren y todo vuelve a la normalidad. Hasta el siguiente susto.”
En su mismo edificio viven dos hondureños y un salvadoreño. Comparten el mismo patrón de vida: madrugar, trabajar, esconderse.
Un salvadoreño de 29 años, que pidió anonimato, dice: “El ICE llega con órdenes falsas. Dicen que buscan a alguien y terminan llevándose a todos. Ya ni abrimos la puerta ni cuando tocan los vecinos.”
Una hondureña agrega: “Mis hijos no quieren ir a la escuela. Tienen miedo de que me arresten cuando los deje. Aquí uno no vive, sobrevive.”
Estas historias se repiten en todo el país. En Houston, Phoenix, Miami y Los Ángeles, los ecuatorianos comparten el mismo guion: trabajos precarios, miedo cotidiano y ansiedad por la familia que quedó atrás.
Endara llama a esta etapa “la política del agotamiento”. “Trump no necesita deportar a todos. Le basta con agotar a la población migrante para que se autodeporte o desaparezca socialmente. El miedo se convierte en política pública.”
Las detenciones masivas tienen un efecto simbólico: refuerzan la idea de control. “Cada vez que una redada aparece en las noticias, cientos de personas dejan de salir. Ese es el objetivo”, dice Murillo.
En llamadas semanales, Cristian le promete a su esposa que pronto volverá. Pero en el fondo sabe que no puede. “No tengo los papeles ni el dinero. Si regreso, lo pierdo todo. Si me quedo, también”, dice, con voz baja.
Ha pensado en regresar por el Darién, esta vez en sentido inverso. Pero el peligro es aún mayor: secuestros, extorsiones y grupos armados que cobran “peaje” a quienes retornan. “Conocí a un ecuatoriano que intentó volver y desapareció en México. Nadie supo más de él. Eso me detuvo”, confiesa.
En las noches, cuando logra dormir, sueña con el patio de su casa en Machachi. “Sueño que mis hijos corren y me abrazan. Pero me despierto y veo las paredes de este cuarto. Es como una broma del destino.”
Calahorrano advierte que el trauma colectivo de la persecución migratoria tendrá consecuencias duraderas: “Estamos frente a una generación fracturada. Niños que crecieron sin padres, adultos que viven escondidos, comunidades enteras que normalizaron el miedo. Cuando ese miedo se hereda, se convierte en cultura.”
Engel complementa: “El problema no termina con el fin de las redadas. La mente queda programada para desconfiar. Incluso si mañana los liberan, seguirán mirando por encima del hombro.”
El Center for Migration Studies reporta que, a finales de 2025, más de 1,2 millones de ecuatorianos vivían en Estados Unidos, de los cuales el 38% carece de estatus migratorio regular.
Las remesas, pese a la crisis, alcanzaron 4 mil 500 millones de dólares, un 5 por ciento más que en 2024, impulsadas por el trabajo precario y el esfuerzo de quienes permanecen escondidos.
Sin embargo, detrás de esas cifras se esconden tragedias personales. “Cada dólar enviado tiene un costo emocional. Representa horas de ansiedad, de miedo a ser visto, de noches sin dormir”, dice Endara.
El caso de Mónica Elizabeth Moreta no fue el último. En noviembre de 2025, otro ecuatoriano fue detenido violentamente en el condado de Nassau, Long Island, mientras llevaba a su hija al colegio. Su arresto no fue grabado, pero testigos confirmaron que los agentes actuaron “como si fuera un criminal armado”.
Para Engel, estos episodios son el reflejo de un sistema que no distingue entre delito y sobrevivencia. “La violencia institucional se ha normalizado. Los migrantes no son solo expulsados: son despojados de su humanidad.”
Ecos desde Ecuador
En Machachi, la esposa de Cristian dice que a veces escucha su voz por videollamada y siente que ya no es el mismo hombre. “Habla más despacio, mira hacia los lados, como si siempre temiera algo”, cuenta.
Cristian lo admite: “Allá era alegre, hablador. Aquí me volví otra persona. Uno cambia cuando vive escondido.”
El retorno, aunque deseado, parece una quimera. “Si vuelvo, no tengo trabajo. Si me quedo, me quitan la paz. ¿Dónde gana uno?”, se pregunta.
Para Endara, el futuro inmediato dependerá de si el Congreso estadounidense logra contrapesar las políticas de Trump. “Hay ciudades que resisten, estados que demandan al gobierno federal, pero el miedo ya está instalado. Desmontarlo tomará años.”
Murillo, por su parte, cree que los migrantes ecuatorianos necesitan una política de protección real desde su país de origen. “Ecuador no puede mirar a otro lado. Debe haber diplomacia activa, asesoría legal, presencia consular y programas de salud mental para los retornados.”
Engel concluye: “El trauma migrante no se cura solo con documentos. Se necesita reconocimiento. Mientras el dolor no se nombre, seguirá repitiéndose.”
Un domingo de septiembre, Cristian camina por el río Hudson. Mira el agua helada y dice: “Aquí todo es grande y ordenado, pero el alma se vuelve pequeña”.
Cuando se le pregunta si piensa en regresar a su ciudad, se queda callado unos segundos. “Sí. A veces pienso que el regreso no es físico, sino mental. Regresar es poder dormir sin miedo, poder hablar sin pensar que lo escuchan. Eso ya sería volver.”
En su teléfono tiene la foto de sus hijos. Los ve cada noche antes de dormir. “Les prometí que volveré —dice—, pero no sé cuándo. Por ahora, solo quiero que sepan que sigo vivo.”
En los barrios latinos de Nueva York, los migrantes ecuatorianos viven con una certeza: el miedo no tiene visa, pero tampoco expira.
La persecución del ICE, legitimada por el discurso político, ha traspasado los muros y se ha instalado en las mentes. Las redadas ya no solo buscan cuerpos: buscan quebrar la voluntad.
Cristian, Rafael, Mónica y miles más son los rostros de una herida colectiva que late bajo el concreto de las grandes ciudades estadounidenses. “Nosotros no vinimos a robar, vinimos a sobrevivir —dice Rafael—. Pero aquí sobrevivir se volvió un delito.”
(*) Este reportaje es parte del Deportation Tracker, un proyecto del Border Center for Journalists and Bloggers, con el apoyo de Global Exchange.
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