El gobierno de Ecuador presume apoyo a sus inmigrantes, pero los consulados tienen apenas 134 funcionarios en EE.UU.
El amanecer entra por la ventana del pequeño departamento en Queens. Son las seis de la mañana y el vapor del café se mezcla con el ruido del metro que pasa cada diez minutos. Mauricio despierta a sus hijos: Samuel, de 9 años, y Thiago, de 6 años. “No podemos llegar tarde”, esboza con una voz apurada.
Viven en un cuarto compartido en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo, en Queens –donde habitan más de 90,000 ecuatorianos–. Esta familia de tres integrantes convive con otros tres hogares: dos ecuatorianos y uno hondureño. El pasillo huele a humedad y a comida recalentada. En el baño común hay turnos para bañarse; el agua caliente se acaba enseguida. En la cocina, un cartel escrito a mano: “No dejar platos sucios”.
Mauricio se viste con un pantalón de mezclilla y una chaqueta gris cubierta de manchas de pintura. Es obrero en una cuadrilla que remodela apartamentos en Manhattan. Sale cada día a las siete, toma el tren E y regresa casi a medianoche. Samuel y Thiago se quedan bajo el cuidado de Rosa, una migrante de Riobamba que cuida niños a cambio de una renta compartida. “No es vida, pero es lo que hay”, dice mientras mete pan y leche en las mochilas.
Antes de salir, mira la foto de su familia en Cuenca, Ecuador, que cuelga en la pared. “A veces siento que no salí por decisión, sino porque el país me botó”, dice. Hasta 2022, Mauricio vivía en esa ciudad (provincia de Azuay). Trabajaba como técnico eléctrico en un parque de diversiones.
“Era estable, ganaba lo justo para mantenernos”, recuerda. Pero con la pandemia, el parque cerró y lo despidieron. Desde entonces, nada volvió a ser igual. “Busqué empleo en todo lado. En las ferreterías, en los talleres… Nada.”
Lo intentó por meses. Se inscribió en ferias laborales, envió hojas de vida. “Había 100 candidatos por cada puesto”. La situación, dice, no era solo económica. “También hubo persecución en mi contra porque denuncié irregularidades en un contrato municipal. Ahí se acabó mi suerte”, recuerda.
La situación de Mauricio no es un caso aislado, sino un reflejo de una crisis de oportunidades que impulsa la migración de miles de ecuatorianos. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) de septiembre de 2024, lo confirman.
La desocupación en el país alcanzó el 8.6%, y el subempleo (trabajo precario) se ubicó en el 23.4%. Esto significa que más de 1.3 millones de personas trabajaban menos horas o percibían ingresos inferiores al salario básico.
Para el grupo de jóvenes entre 18 y 35 años, las cifras son aún más desalentadoras: uno de cada tres no tuvo un empleo formal. “Esa falta de oportunidades los empuja a migrar,” explica María Belén Albuja, abogada de migración, radicada hace 20 años en Estados Unidos. “No se van por aventura, sino porque el país no les ofrece ni estabilidad ni futuro”.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), advierte que, debido a esta crisis, el 60% de los migrantes cruza el Darién junto con su familia, sin importar el riesgo que pone a sus integrantes. Ese dilema enfrentó Mauricio. “No quería que mis hijos crecieran sin mí”.
Con la intención de dar una mejor calidad de vida, el joven cuencano salió en marzo de 2023 con una mochila, dos mudas de ropa y una carpeta con copias de documentos. Llegó a Colombia, cruzó a Panamá y, como miles de ecuatorianos, se internó en el Darién. “Ahí entendí lo que significa no tener país. Si mueres, nadie te busca.”
El paso por la selva duró seis días. Vio gente que se hundía en el barro, niños con fiebre, mujeres que cargaban bebés. En un punto del camino, hombres armados los detuvieron. “Nos pidieron $2,600 dólares. Si no pagábamos, no seguíamos.” En Ecuador, su hermana transfirió el dinero. “A unos los golpearon. A nosotros nos soltaron porque les di plata. La selva es negocio, no frontera.”
Nora Salinas, investigadora en movilidad humana, asegura que “los coyoteros ecuatorianos están articulados a redes internacionales que operan desde Esmeraldas, Guayaquil y Tulcán. Cobran entre $8,000 y $12,000 dólares por persona, y la policía fronteriza muchas veces es cómplice”.
Según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre 2023 y 2024 más de 109,000 ecuatorianos cruzaron el Darién, ubicando al país entre los tres principales emisores de migrantes del hemisferio, junto a Venezuela y Haití.
Tras sobrevivir al secuestro, Mauricio siguió rumbo a México. En Durango fue detenido por segunda ocasión. Esta vez por agentes de migración. “Nos pedían plata para no deportarnos. Les di todo lo que tenía”.
En Puebla, subió a un bus rumbo a la frontera norte. En Mexicali, consiguió cita a través de la aplicación CBP One (un sistema móvil desarrollado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos). “Esperamos cuatro días. Con mis hijos dormíamos bajo un techo de cartón. El sol quemaba, pero nadie quería moverse. Si te ibas, perdías la cita”, recuerda.
El 7 de mayo de 2024, cruzó legalmente a Estados Unidos. “Pensé que lo peor había pasado. Pero no fue así”. Nueva York fue una promesa rota desde el primer día. Una familia ecuatoriana le alquiló un cuarto por $1,000 dólares al mes en Queens. “Era caro, pero no había otra opción. Aquí todo cuesta. Respiras y ya debes”.
El compatriota trabaja en construcción por $18 dólares la hora. A veces, si hay suerte, completa $900 dólares a la semana. “Si enfermas, no cobras. Si reclamas, te despiden.”
En la cocina compartida, Mauricio se turna con otras dos familias. Marco y Tatiana, su esposa, originarios de Riobamba (provincia de Chimborazo), esperando respuesta a su proceso de asilo. “Queremos una permanencia legal, pero el consulado nunca responde”, cuenta la pareja.
Walter, otro compañero –oriundo de la ciudad de Loja, al sur del país– no tiene ni un solo trámite para su residencia. “En los consultados ‘no te paran bola’. Son lentos”. Vive escondido desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) lo notificó de deportación. “Me mudé tres veces”, cuenta.
Patricio, otro de los vecinos, vino hace cuatro años desde Azogues, provincia de Cañar. Logró su residencia tras casarse con una ciudadana mexicana. “Yo tuve suerte. Pero conozco decenas de paisanos que viven sin papeles, explotados, trabajando de noche”, confiesa.
Todos ellos tienen algo en común, además de la nacionalidad ecuatoriana: cuentan con estudios universitarios y realizan labores que nadie más acepta. “Aquí un ciudadano gana $350 dólares al día. Nosotros, 150, a veces menos”, dice Mauricio. “Somos los invisibles de la ciudad más visible del mundo”.
La falta de respaldo por parte de las autoridades
La migración, aunque impulsada por la desesperación, ha redefinido la economía nacional. Según el Banco Central del Ecuador, las remesas enviadas por migrantes ecuatorianos alcanzaron los $5,320 millones de dólares en 2024, convirtiéndose en la segunda fuente de ingreso del país, después del petróleo.
“Ecuador vive gracias a quienes huyeron de su crisis”, explica William Murillo, presidente Ejecutivo de la organización 1800 Migrante. “El dinero que mandan los migrantes mantiene barrios enteros, pero también profundiza la dependencia.”
¿El panorama? En Cuenca, por ejemplo, las casas de los migrantes se reconocen fácilmente: fachadas nuevas, patios vacíos. En Cañar, los bancos abren cuentas especiales para recibir giros desde Nueva York o New Jersey. En Loja, las aulas rurales se vacían. Los alumnos ya no quieren estudiar “quieren hacer plata”, refiere Murillo.
Sin embargo, resulta irónico que, a pesar del aporte que realizan los compatriotas, el Estado ecuatoriano no se caracteriza por respaldarlos, opinan Mauricio y sus compañeros.
Los compatriotas coinciden: la esperanza de legalizarse se derrumbó ante el endurecimiento del contexto legal y de las políticas migratorias en Estados Unidos.
Eso lo sabe muy bien la abogada Albuja, quien confirma que el contexto legal para los latinos se endureció drásticamente. “De cada diez ecuatorianos que solicitan asilo, solo tres lo logran. El resto queda en limbo judicial”.
Pero la falta de apoyo no solo viene del país receptor. Ecuador carece de presencia consular efectiva. Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, solo en Estados Unidos, hay 134 funcionarios para atender a más de 800,000 migrantes. “Es insuficiente para receptar las demandas de la ciudadanía” alerta Murillo.
El Consulado General en Nueva York, con apenas 22 empleados, cubre el noreste del país. “Reciben miles de trámites al mes, la mayoría sin respuesta o con demoras de hasta un año”, dice.
Marco y Tatiana, por ejemplo, llevan tres años tramitando su estadía. “Cada correo tarda meses en ser contestado”.
La respuesta oficial
Solo el primer semestre de 2025, 3,939 ecuatorianos fueron expulsados en 46 vuelos, según cifras oficiales. La Embajada de Estados Unidos confirmó la deportación en redes sociales, afirmando que está aplicando las leyes de inmigración estadounidenses y deportando a quienes ingresan ilegalmente.
Entre 2019 y 2025, Estados Unidos deportó a 51,107 ecuatorianos en 451 vuelos, y desde el 28 de enero de 2025 se utilizaron vuelos militares.
En enero de 2025, la Cancillería presentó el Plan de Asistencia Emergente para ecuatorianos en Estados Unidos y de apoyo a compatriotas retornados. Este plan prometía asesoría gratuita, refuerzo consular, atención 24/7 y coordinación para la emisión de pasaportes.
La parte central del plan es la ayuda económica para quienes retornan voluntariamente. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entrega un bono de $470 dólares durante tres meses. El MIES también coordina con los Ministerios de Trabajo, Educación Superior (Senescyt) y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) para ofrecer capacitaciones, becas y otros apoyos sociales.
En cuanto a la inversión, hasta agosto de 2025, se desembolsaron $440,390 dólares, beneficiando a 620 personas; el presupuesto total asignado para este mecanismo en 2025 es de $6.76 millonses de dólares, financiado con recursos fiscales.
Según información proporcionada a PERIODISMO PÚBLICO, la gestión de pagos corresponde al MIES, mientras que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos remite las listas oficiales de beneficiarios.
No obstante, los migrantes dicen que esas medidas se quedan en el papel. “Llamas y nadie contesta. Te dicen que esperes el correo. Pero mientras esperas, te deportan”, cuenta Patricia Andrade, madre migrante quien llegó en marzo pasado.
Albuja alerta sobre otro problema que desencadena la falta de atención por parte de las autoridades competentes: la desprotección generó un mercado de estafadores. “Se hacen pasar por abogados, cobran miles de dólares por trámites falsos. La gente cae porque no entiende el idioma ni el proceso”.
El Gobierno ecuatoriano creó el programa “Justicia Lejos de Casa” de la Defensoría Pública que ofrece asistencia legal gratuita a connacionales que residen en el exterior.
Actualmente se enfoca en países como Argentina y España. Pero está impulsando su expansión a Estados Unidos debido a la compleja situación migratoria y la vulneración de derechos, explica el Defensor Público General, Ricardo Morales.
El objetivo es garantizar el acceso a la justicia a través de su plataforma virtual, y, de manera crucial, se propone la creación de Defensores Públicos Internacionales para asistir a los ecuatorianos en procesos legales. “Ser la “voz de los sin voz”, dice el Defensor.
Estos proyectos resultan insuficientes a las entidades fiscalizadoras. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional reiteró su preocupación sobre la precaria gestión del gobierno frente a la situación de los migrantes.
En una reciente sesión, los asambleístas señalaron que, a pesar de contar con presencia en locales como el consulado de Nueva York, la incapacidad para cubrir las necesidades genera una “sensación de abandono”.
Miembros como Graciela Ramírez advierten que el Estado carece de un plan integral que acompañe a los compatriotas en todas las etapas de migración, así como para combatir las estafas y abusos de intermediarios ilegales.
El asambleísta Edwin Jarrín, vicepresidente de la Mesa Legislativa, advierte que “aún no se fortalecen los mecanismos para que los consulados sean el espacio seguro que defiendan los derechos de los ecuatorianos”.
La nostalgia y la rutina
En Queens, Mauricio empieza el día a las seis. Prepara el desayuno, alista los uniformes, deja a los niños en la escuela. Luego toma el metro hacia Manhattan, donde trabaja en la remodelación de un edificio. A mediodía come arroz con lentejas. En la noche, vuelve a casa y cocina para el día siguiente. Es rutina. “Aquí la vida es sobrevivir sin ruido.”
A veces sueña con Cuenca: las luces del tranvía, el olor a café del mercado, la voz de su madre llamándolo. Pero despierta y oye el rugido del metro. “La nostalgia no paga el arriendo”, reacciona.
Nora Salinas afirma que el drama migrante ecuatoriano se distingue por la soledad institucional. “A diferencia de México o El Salvador, Ecuador no ha construido una red de protección. Los migrantes están solos; los coyoteros y las mafias llenan ese vacío”.
Mientras tanto, en Guayaquil, Guayas, los vuelos de deportados llegan cada semana. Hombres esposados, mujeres con niños dormidos sobre el pecho. A su llegada, funcionarios del MIES los reciben con kits de aseo y un boleto de bus. “Ahí termina el acompañamiento”, dice un funcionario que pide anonimato.
Murillo considera que “el Ecuador aún no ha entendido que la migración es parte de su estructura económica. Mientras no haya empleos dignos, los jóvenes seguirán yéndose, y los programas de retorno seguirán siendo paliativos.”
Son las diez de la noche. Mauricio llega cansado. Sus manos huelen a cemento. Calienta sopa mientras los niños hacen sus tareas. Afuera, el viento arrastra el olor a gasolina y comida callejera. “Aquí el silencio no existe —dice—. Pero cuando los veo dormir, me acuerdo de por qué vine.”
En la litera, los niños se abrazan. Él los cubre con una manta y apaga la luz. Mira por la ventana: la ciudad brilla como una promesa que no termina de cumplirse. “Nos fuimos porque allá no hay trabajo —susurra—, pero aquí tampoco hay hogar”.
(*) Este reportaje es parte de Deportation Tracker, un proyecto del Border Center for Journalists and Bloggers, con el apoyo de Global Exchange
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