Gobierno de NYC busca frenar acceso a documentos sobre contaminación del 11-S

El gobierno de la ciudad de Nueva York enfrenta nuevas críticas por intentar frenar una demanda que busca acceder a documentos sobre la contaminación tóxica generada tras los atentados del 11-S, apenas unas horas después de que el alcalde Zohran Mamdani prometiera hacer públicos esos archivos antes del 25º aniversario de los ataques.

De acuerdo al NY Daily News, abogados de la ciudad presentaron la semana pasada una moción ante la Corte Suprema de Manhattan para solicitar que se deseche la demanda interpuesta bajo la Ley de Libertad de Información (FOIL, por sus siglas en inglés). La acción legal fue promovida por el abogado Andrew Carboy en representación de la organización 9/11 Health Watch, sobrevivientes y familiares de personas fallecidas por enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas tras el colapso del World Trade Center.

Según los documentos judiciales, la Oficina del Alcalde y el Departamento Jurídico de la ciudad sostienen que realizaron búsquedas “razonables y diligentes”, pero que no encontraron registros relacionados con la solicitud. Al mismo tiempo, la administración municipal argumenta que la búsqueda de documentos continúa y que, por ello, la demanda fue presentada de manera prematura.

Promesa de transparencia genera nuevas dudas

La presentación judicial llamó la atención porque ocurrió pocas horas después de que Mamdani anunciara una inversión de $34 millones de dólares para crear un portal digital donde el público podrá consultar documentos relacionados con la calidad del aire y los riesgos para la salud posteriores al 11-S.

El alcalde aseguró que los primeros archivos estarán disponibles antes del 25º aniversario de los atentados, que se conmemorará en septiembre de 2026. También afirmó que durante demasiado tiempo las personas afectadas por enfermedades vinculadas al desastre tuvieron que luchar para obtener información que, a su juicio, debió hacerse pública desde un principio.

La nueva inversión supera ampliamente los $4 millones que previamente se habían destinado a una investigación del Departamento de Investigación de la ciudad para determinar qué sabían las autoridades sobre la presencia de contaminantes en el aire mientras aseguraban públicamente que las condiciones eran “seguras y aceptables”.

Sin embargo, para los demandantes, el intento de desestimar el caso contradice el compromiso de transparencia anunciado por la nueva administración.

Carboy calificó la postura del gobierno municipal como “desconcertante” y cuestionó que la ciudad sostenga que no existen documentos de una de las etapas más importantes en la historia reciente de Nueva York. El abogado comparó esa afirmación con decir que Estados Unidos fue fundado sin que exista la Declaración de Independencia.

También expresó preocupación de que el futuro portal digital termine incluyendo miles de documentos con referencias secundarias al 11-S, pero no aquellos relacionados directamente con las mediciones de calidad del aire y la evaluación de los contaminantes presentes en la zona de Ground Zero durante los días posteriores al ataque.

Por su parte, el director ejecutivo de 9/11 Health Watch, Benjamin Chevat, señaló que la organización desea reconocer cualquier esfuerzo de transparencia, aunque todavía mantiene dudas sobre las verdaderas intenciones del Departamento Jurídico de la ciudad. Su principal objetivo, afirmó, sigue siendo conocer exactamente qué sabían las autoridades sobre los riesgos para la salud y cuándo obtuvieron esa información.

La controversia se intensificó después de que el Departamento de Protección Ambiental encontrara inesperadamente 68 cajas con documentos en noviembre pasado, luego de que la organización presentara acciones legales. De acuerdo con explicaciones oficiales, aproximadamente una tercera parte de ese material apareció durante trabajos de remodelación y la instalación de alfombras en oficinas de la dependencia.

Como consecuencia de ese hallazgo, un juez autorizó que representantes del Departamento de Protección Ambiental sean interrogados bajo juramento para explicar por qué durante años respondieron que no existían registros relacionados con las solicitudes realizadas mediante la ley de acceso a la información.

La disputa también revive un debate que se ha prolongado durante casi un cuarto de siglo. Desde la administración del entonces alcalde Rudy Giuliani hasta la de Eric Adams, las diferentes administraciones municipales resistieron múltiples solicitudes para divulgar estudios y documentos sobre la contaminación generada tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

Diversos funcionarios argumentaron en el pasado que la publicación de esos archivos podría desencadenar una ola de demandas por parte de sobrevivientes y rescatistas afectados por enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas. Sin embargo, los defensores de las víctimas sostienen que ese riesgo es limitado, ya que más de 100,000 personas inscritas en los programas federales de compensación y atención médica han firmado acuerdos mediante los cuales renuncian a presentar demandas civiles por esas enfermedades.

Las cifras reflejan la magnitud del impacto sanitario que dejó la tragedia. Más de 9,000 personas han fallecido por enfermedades asociadas con la exposición a contaminantes del 11-S, una cantidad que casi triplica las cerca de 3,000 víctimas mortales registradas el día de los atentados. Además, más de 140,000 sobrevivientes y rescatistas están inscritos en el Programa de Salud del World Trade Center de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y alrededor de 81,000 cuentan con un diagnóstico certificado relacionado con la exposición a las toxinas presentes en la llamada Zona Cero.

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