USCIS deberá continuar los trámites de 83 migrantes de países restringidos que habían quedado congelados pese a residir legalmente en EE.UU.
Un juez federal en Maryland ordenó este lunes al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reanudar el procesamiento de solicitudes de residencia permanente de 83 migrantes cuyos casos habían quedado congelados por una política de la administración de Donald Trump.
La decisión del juez George L. Russell invalida la suspensión aplicada a solicitantes originarios de países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones de ingreso a Estados Unidos.
En su fallo, Russell concluyó que USCIS no puede simplemente negarse a tramitar estos expedientes. “No tiene discreción para decidir no adjudicar en absoluto los casos”, escribió el magistrado.
El juez consideró ilegal la pausa y cuestionó que el gobierno no ofreciera una justificación suficiente para detener estos procesos migratorios.
También destacó que muchos de los afectados han vivido legalmente en Estados Unidos durante largos períodos. Según señaló, algunos han permanecido en el país “por años, incluso décadas”, y en numerosos casos han realizado aportes importantes en áreas como la investigación médica y científica.
Demanda colectiva
La demanda fue presentada por 83 personas afectadas por la suspensión. Todos buscaban avanzar en sus solicitudes de residencia permanente cuando sus trámites fueron detenidos.
Actualmente, Estados Unidos mantiene bloqueos o restricciones de entrada para ciudadanos de 39 países, así como para personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Además de esas limitaciones de viaje, la administración Trump también suspendió la revisión de solicitudes de visas de inmigrante procedentes de 75 países, entre ellos Afganistán, Brasil, Colombia, Egipto, Irán, Rusia y Somalia.
La política ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales. Tanto la agencia de la ONU para los refugiados como oficinas de derechos humanos han cuestionado estas medidas, al considerar que los migrantes y extranjeros tienen derecho al debido proceso.
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