Una ley federal está encareciendo materiales y frenando proyectos de vivienda asequible. Por qué afecta la construcción y retrasa el acceso a una casa.
En distintas ciudades de Estados Unidos, proyectos de vivienda asequible están quedando a medio terminar. No por falta de financiamiento ni por problemas de demanda, sino por algo menos visible: materiales que no llegan o cuestan mucho más de lo previsto.
Detrás de ese cuello de botella hay una política federal que, en teoría, busca fortalecer la industria local. En la práctica, según desarrolladores y organizaciones del sector, está generando retrasos, sobrecostos y menos viviendas disponibles en un momento en que el acceso a una casa ya es uno de los principales problemas en el país.
Una ley con un objetivo claro, pero efectos inesperados
La norma en cuestión forma parte de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA) y se conoce como “Build America, Buy America” (BABA). Su objetivo es que los proyectos financiados con fondos federales utilicen materiales fabricados en Estados Unidos.
El problema es que esa exigencia se aplica incluso a componentes muy específicos —desde sistemas de climatización hasta equipos eléctricos— que muchas veces dependen de cadenas de suministro globales.
Ahí es donde empiezan las dificultades.
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Materiales que no están o llegan tarde
Desarrolladores y organizaciones que trabajan en vivienda social advierten que muchos productos necesarios simplemente no están disponibles con certificación 100% estadounidense, o tienen tiempos de entrega mucho más largos.
Uno de los casos más mencionados es el de los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), que suelen incluir componentes electrónicos importados. Conseguir versiones que cumplan con los requisitos de la ley puede demorar semanas o incluso meses.
El resultado es que obras que ya están avanzadas quedan frenadas por detalles clave.
Costos que suben y proyectos que dejan de ser viables
A la falta de disponibilidad se suma otro problema: el precio. Según reportes del sector, los materiales fabricados en Estados Unidos pueden costar entre un 20% y un 35% más que sus equivalentes importados. Para proyectos de vivienda asequible, donde los márgenes son ajustados, esa diferencia puede hacer que una obra deje de ser viable.
En algunos casos, eso significa rediseñar proyectos. En otros, directamente cancelarlos.
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El impacto real: menos viviendas y más espera
El efecto no es abstracto. Se traduce en menos unidades construidas y más tiempo de espera para quienes buscan acceder a una vivienda.
En un contexto donde la falta de oferta de viviendas asequibles ya empuja los precios al alza, cada proyecto que se retrasa o se reduce agrava el problema. Para muchas familias, eso implica seguir alquilando, pagar más o postergar indefinidamente la posibilidad de comprar.
La ley contempla excepciones —conocidas como waivers— para permitir el uso de materiales extranjeros cuando no hay alternativas locales. Pero, en la práctica, el proceso para obtenerlas es complejo y lento.
Desarrolladores aseguran que, en algunos casos, el tiempo que lleva gestionar esas excepciones es comparable al de avanzar con la obra. Eso agrega otra capa de demora en un sistema que ya está tensionado.
Un debate abierto: industria vs. acceso a la vivienda
El objetivo de fortalecer la producción nacional tiene amplio respaldo político. Pero el impacto en el mercado de la vivienda abre una discusión incómoda.
En el corto plazo, la ley parece estar generando el efecto contrario al deseado en el sector de vivienda asequible: menos oferta y más dificultades para construir.
La pregunta que empieza a aparecer es si tiene sentido aplicar las mismas exigencias a todos los proyectos o si, en el caso de la vivienda social, debería haber mayor flexibilidad.
El conflicto no es menor. Se trata de equilibrar dos objetivos que no siempre van en la misma dirección: impulsar la industria local y garantizar el acceso a la vivienda. Mientras ese equilibrio no se resuelva, el impacto ya se siente en las ciudades.
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