El DOJ demandó a funcionarios de la gobernación de NY alegando que manipularon la licitación de un programa de Medicaid valorado en $10,000 millones
El gobierno federal demandó a la administración de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, alegando que funcionarios manipularon la licitación de un programa de atención domiciliaria de Medicaid valorado en $10,000 millones de dólares, permitiendo que una empresa seleccionada a dedo “desviara” millones de dólares de los contribuyentes.
La demanda, presentada el martes por el Departamento de Justicia (DOJ), expone sorprendentes afirmaciones de que al parecer altos funcionarios de salud del estado Nueva York conspiraron para centralizar los servicios de nómina para casi 250,000 beneficiarios de atención domiciliaria.
Contrataron a Public Partnerships LLC (PPL) para reemplazar a los intermediarios en el Programa de Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor (CDPAP), una medida que, según el estado, ahorraría costos en 2024, pero que “resultó en una transición desastrosa”, comentó New York Post citando la demanda.
“El hecho de que Nueva York no supervisara a un proveedor favorecido, el cual desvió ilegalmente millones de dólares de fondos de Medicaid, es flagrante y traiciona la confianza pública“, declaró Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del DOJ, en un comunicado.
“El Departamento de Justicia está actuando para garantizar que se cumplan las leyes federales relativas a la veracidad de las declaraciones y a la equidad en los programas federales de atención médica, así como para evitar que PPL y Nueva York causen más perjuicios al público”, añadió Shumate.
Al parecer el estado Nueva York ignoró las señales de alerta de que la transición sería caótica cuando PPL asumió la gestión del CDPAP, un programa que paga a amigos y familiares -en lugar de a los tradicionales auxiliares de salud a domicilio- para cuidar a personas con enfermedades crónicas o discapacidades.
La demanda señala al comisionado de Salud del estado NY, James McDonald, y al director de Medicaid, Amir Bassiri; sin embargo, la denuncia de 60 páginas presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York no acusa directamente a Hochul de ninguna irregularidad.
No obstante, la denuncia incluye correos electrónicos entre el Departamento de Salud y la empresa PPL -que enfrentaba dificultades-, que demostrarían que la gobernadora demócrata participó activamente no solo en el proceso de transición, sino también en la adjudicación del contrato a esa compañía.
La demanda sostiene que funcionarios de salud de Nueva York escribieron, en correos dirigidos a sus homólogos de otros estados, que se encontraban bajo “presión de la Oficina de la Gobernadora” mientras evaluaban a otros posibles licitadores.
PPL finalmente obtuvo el contrato, pero propuso ampliar el plazo para que los beneficiarios y cuidadores del CDPAP migraran al nuevo sistema; solicitó extender el periodo de tres a nueve meses mientras luchaba por contratar personal.
Kara Cumoletti, portavoz de Hochul, desestimó las nuevas revelaciones calificándolas de ataque político. “Este es simplemente otro triste intento de la administración Trump de utilizar el sistema judicial como arma para atacar a oponentes políticos en un año electoral”, escribió la vocera. “Como ya han determinado numerosos tribunales, la transición a un único intermediario fiscal fue legal y apropiada. Confiamos en que los hechos nos dan la razón”, añadió.
Hochul aspira a un segundo mandato completo y se enfrentará al republicano Bruce Blakeman, aliado de Trump, en las elecciones de noviembre. El Departamento de Salud del estado también desestimó la demanda, calificándola de maniobra política “infundada”, y afirmó que el sistema -acusado de estar plagado de fraudes- debería servir de “modelo” para Washington D. C.
“Esperamos con interés el día en que cesen estos ataques deshonestos y nuestros socios en Washington puedan ver a Nueva York como un modelo de cómo mejorar para controlar los costos y erradicar los abusos, preservando y mejorando al mismo tiempo la calidad de la atención”, declaró un portavoz.
Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
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