Dos internos fallecieron en una semana, mientras que el plan de cierre del complejo carcelario no está claro
Una segunda muerte de un interno en la cárcel de Rikers Island en solo una semana, movilizó con mucha fuerza a una coalición de organizaciones de Derechos Humanos y de defensores de la población penitenciaria de Nueva York, quienes rechazan que en el nuevo presupuesto del año fiscal 2026-2027, el alcalde Zohran Mamdani incrementa los fondos del Departamento de Correcciones (DOC) en un 5 por ciento, pero no aumenta las inversiones en soluciones de para reducir de manera segura la población carcelaria.
A la par, los activistas resienten que todavía no observan en esta Administración Municipal un plan claro para el cierre de ‘Rikers’, la cárcel más grande de Nueva York.
“Las palabras del alcalde deben ir seguidas de acciones. Exigimos se apruebe un presupuesto que aumente la financiación destinada a alternativas al encarcelamiento, vivienda con servicios de apoyo y otras soluciones comprobadas que reduzcan de manera segura la población carcelaria sin depender de la privación de la libertad”, reclamó en un comunicado Melanie Dominguez, directora de organización del Katal Center for Equidad, Salud y Justicia.
Asimismo, portavoces de The Bronx Defenders y el Vera Institute of Justice se enfocan en una preocupación estructural: el aumento del presupuesto del DOC no solo es una decisión financiera, sino una señal de política pública que puede reforzar el enfoque punitivo frente a problemas que son, en gran medida, sociales y de salud.
En primer lugar, cuestionan que cuando una ciudad incrementa el financiamiento del sistema carcelario, una parte significativa de esos recursos tiende a concentrarse en salarios de personal correccional, contratación y retención de oficiales, seguridad, mantenimiento de instalaciones y gestión diaria de las cárceles. No inversión para los grandes problemas de fondo.
“El alcalde Mamdani ha demostrado tener la voluntad de lograr el cierre de Rikers. Ahora necesita realizar las inversiones presupuestarias necesarias para promover el bienestar, reducir el encarcelamiento y hacer que nuestras comunidades sean más seguras”, reclamó Darren Mack, codirector de Freedom Agenda.
Dos muertes
Dos hechos fatales, en menos de una semana, encendieron las alarmas de las organizaciones.
Este domingo se confirmó que en circunstancias no claras falleció John Price, de 49 años, quien se encontraba en el Centro Eric M. Taylor, en Rikers Island. Este hombre fue arrestado en 2024 bajo cargos relacionados con el tráfico de drogas, según revelan los registros judiciales.
El pasado miércoles, falleció Barry Cozart, de 39 años, quien fue hallado por los agentes correccionales necesitando asistencia médica dentro del Centro George R. Vierno.
El año pasado se confirmaron 15 decesos en ese complejo.
Atrapados en una crisis de salud mental
Un reporte, elaborado por Data Collaborative for Justice en colaboración con el Katal Center analizó a finales de 2025 cómo las personas con necesidades de salud mental están siendo detenidas en las cárceles de la ciudad de Nueva York, especialmente en Rikers Island, y propone estrategias basadas en la comunidad para desviar a estas personas del sistema carcelario y reducir la población penitenciaria.
La dura conclusión es que casi el 60% de las personas encarceladas en las cárceles de la ciudad de Nueva York (incluyendo Rikers) tienen una “bandera de salud mental”, lo que indica necesidades de ya identificadas.
Específicamente, 4,179 de 6,992 reclusos, o alrededor del 59.8 %, tienen esa clasificación.
Además, el informe indica que alrededor de 22% de la población carcelaria tiene una enfermedad mental grave, como bipolaridad o esquizofrenia.
Las propuestas
La investigación recuerda que en 2019 la ciudad aprobó cerrar Rikers para 2027, pero la población carcelaria ha aumentado a cerca de 7,000 personas desde 2020, incluyendo una proporción creciente con problemas de salud mental.
Las condiciones de este centro carcelario sigue siendo muy peligrosas y desde 2022 al menos 45 personas han muerto bajo custodia.
El informe propone ampliar las alternativas que eviten el encarcelamiento de personas con necesidades de salud mental. Asimismo, se busca fortalecer las opciones previas al juicio para conectar a los individuos con tratamientos comunitarios, reduciendo la dependencia carcelaria.
Asimismo, se plantea agilizar los procesos de competencia mental para que las evaluaciones sean rápidas, evitando detenciones prolongadas. En su lugar, se recomienda el desvío a hospitales o programas de tratamiento para priorizar la atención médica oportuna.
También se subraya la necesidad de expandir el acceso y la capacidad de los tribunales de salud mental. Estos permiten priorizar el tratamiento supervisado en la comunidad frente a las sanciones carcelarias, abordando mejor estos casos dentro del sistema judicial.
En busca de un “zar de cárceles”
El alcalde Zohran Mamdani ha tomado algunas medidas para abordar la situación en Rikers desde que asumió el cargo: firmó una orden de emergencia que ordena poner fin al confinamiento solitario y contrató al reformador de justicia penal, Stanley Richards, para dirigir el Departamento de Corrección.
Los planes para cerrar el complejo carcelario y reemplazarlo con cuatro cárceles en distintos condados se estancaron bajo la administración del exalcalde Eric Adams. Tanto así que un informe reciente estima que la cárcel de Brooklyn, la más avanzada de las nuevas instalaciones, no estaría terminada hasta 2029.
De igual forma la semana pasada el mandatario municipal que está en la búsqueda de un “zar de cárceles” un funcionario que tendría la tarea de acelerar el plan de cierre del complejo calificado como un infierno.
El dato:
- 60% de los internos en las cárceles de la Gran Manzana tienen necesidades de salud mental identificadas. 22 % padecen una enfermedad mental grave
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