Nueva York está a un paso de la reforma alimentaria más ambiciosa de su historia: adiós a ciertos químicos y colorantes

Imagina entrar a un restaurante de comida rápida y ver de inmediato cuál plato tiene más sodio o azúcar que el que deberías consumir en todo un día. Imagina si con solo mirar la etiqueta del cereal favorito o la merienda de tus hijos, hay una advertencia clara que contiene un colorante vinculado al cáncer. Eso es, básicamente lo que promete el paquete de cinco leyes que la Legislatura de Nueva York ya aprobó y que ahora espera desde hace semanas la firma de la gobernadora Kathy Hochul.

Por ello, estos miércoles legisladores estatales se reunieron con el Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI) y otras organizaciones defensoras de la salud en un seminario virtual para celebrar el logro legislativo y lanzar un mensaje directo a Hochul: es momento de firmar.

Esto significará que el estado de Nueva York se encauza a una reforma realmente histórica del sistema alimentario que fortalecerá la seguridad de los consumidores, mediante controles sobre químicos y contaminantes, mayor transparencia en la información de las etiquetas de los productos, más advertencias nutricionales y nuevas reglas para promover el consumo de alimentos más saludables. Además de vías para tener mucho más claro cuándo un alimento está vencido.

La iniciativa normativa aborda de frente el uso de químicos como el bromato de potasio, justamente el ingrediente que le da a la masa de pizza y bagels su elasticidad y textura característica. En este caso, la eventual prohibición de su uso tocaría directamente a dos íconos gastronómicos de la Gran Manzana.

Detrás del nuevo paquete de seguridad y calidad de alimentos hay un argumento que los promotores repiten con insistencia: la exposición a alimentos ultraprocesados y a la mercadotecnia agresiva de comida rápida no golpea a todos por igual.

Las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color enfrentan una sobreexposición constante a estos productos, un factor que la evidencia científica vincula directamente con mayores tasas de diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

Mentiras de la industria

Estas iniciativas impulsadas por los senadores Gustavo Rivera, Brian Kavanagh y Michelle Hinchey, además de la asambleísta Anna Kelles ha enfrentado una gran oposición de empresas alimentarias y cadenas de comida rápida, quienes han creado un clima de opinión en donde se delinea que este paso legislativo dispararía los precios de los alimentos y le restaría calidad.

“Es una mentira de la industria. Estas leyes no van a subir el precio de estas comidas. Son calumnias por parte de los sectores que se oponen a la reforma”, aseveró Kelles quien representa a partes del noreste del estado de Nueva York.

La legisladora estatal sostiene que el efecto real será el contrario: al retirar del sistema alimentario sustancias que la evidencia científica vincula con enfermedades, la calidad de la comida disponible para los neoyorquinos mejorará, no empeorará.

“No se trata de una carga regulatoria, sino una corrección de un mercado que durante décadas ha permitido que ingredientes cuestionados circulen sin control público”, acotó.

Como defienden los legisladores, las nuevas regulaciones se plantan de frente con el caso del bromato de potasio, una de las tres sustancias que prohibiría la ley. Este aditivo, usado para blanquear y fortalecer la masa en la panificación industrial, está prohibido en la Unión Europea desde 1990, sin que eso haya derivado en un desabasto de pan ni en un encarecimiento generalizado del producto en esos mercados.

En estos casos, la industria panadera simplemente lo sustituyó por otros agentes de fortalecimiento de masa que no representan el mismo riesgo cancerígeno señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para Kelles y otros promotores del paquete, ese es precisamente el tipo de transición que Nueva York busca replicar: no reducir la oferta de alimentos, sino obligar a la industria a reformular con ingredientes ya probados y disponibles en otros mercados.

Ante el avance de estas legislaciones, de acuerdo con Times Union, empresas como General Mills y Nestlé, junto con organizaciones como la American Beverage Association y el Business Council of New York State, advirtieron que establecer normas distintas a las federales podría incrementar los costos de producción, generar un mosaico regulatorio entre estados y dificultar la comercialización de alimentos a nivel nacional.

Advertencia de Sodio

Asimismo, el senador Gustavo Rivera, quien representa a comunidades de El Bronx, centró su intervención en dos frentes: la ‘Ley de Advertencia sobre Sodio’ y el paquete completo de transparencia química.

“Esto sería una forma de estar seguro de que tengan más información. Las comunidades latinas son un blanco frecuente de la mercadotecnia de ciertas cadenas de restaurantes. En estos sitios queremos que la gente tenga la información”, destacó.

Rivera remarcó que en general estas reformas están motivadas en retirar químicos de la comida, que la gente sepa sin trampas qué exactamente contienen los alimentos que compra y que ningún ingrediente represente un riesgo oculto, incluyendo sustancias que ni siquiera los propios consumidores saben que están presentes.

“Queremos establecer un estándar más alto que el resto del país. Definitivamente más que el gobierno federal”, afirmó.

Lo prohibido

La pieza más ambiciosa es la ‘Ley de Seguridad Alimentaria y Divulgación Química’, que prohibirá tres sustancias de uso extendido en la industria: el colorante Rojo No. 3, el conservante propilparabeno y el bromato de potasio.

De acuerdo con literatura científica, el colorante rojo No. 3, es un químico usado en dulces, bebidas, glaseados, cerezas al marrasquino y batidos, entre miles de productos. Estudios en animales lo vincularon con un aumento de riesgo de cáncer.

Además, el propilparabeno es un conservante que se encuentra sobre todo en productos horneados como galletas y budines y puede actuar como disruptor endocrino, afectando la salud reproductiva tanto masculina como femenina, según los estudios citados por los legisladores.

Pero el alcance real de esta ley va más allá de tres ingredientes. Su objetivo es cerrar lo que los propios legisladores llaman la “laguna GRAS”: desde 1958, la ley federal permite que los fabricantes introduzcan nuevos ingredientes al mercado sin revisión de la FDA.

Esa autoevaluación privada de acuerdo con los legisladores neoyorquinos ha abierto la puerta a más de 10,000 químicos que hoy circulan en el sistema alimentario estadounidense, sin haber pasado nunca por un escrutinio independiente.

Si Hochul firma la ley, Nueva York se convertiría en el primer estado del país en exigir que las empresas hagan pública la evidencia científica detrás de esas autodeterminaciones, a través de una base de datos abierta que administraría el Departamento de Agricultura y Mercados del estado.

Además, la votación deja claro que no fue un tema partidista: la Asamblea la aprobó 106 votos contra 32, y el Senado lo hizo de forma unánime.

Bajo la lupa: fórmulas infantiles

Otra de las leyes, la de Seguridad y Transparencia de Alimentos para Bebés y Fórmula Infantil, presentada por la senadora Michelle Hinchey obligará a que se analicen los alimentos y fórmulas infantiles en busca de metales pesados tóxicos como arsénico, cadmio, plomo y mercurio. Se obligaría a que esos resultados se hagan públicos.

En este sentido, Jensen N Jose un portavoz del CSPI explicó por qué esta ley es especialmente urgente: incluso niveles bajos de estos contaminantes pueden provocar daños cerebrales graves y a menudo irreversibles en la niñez, un periodo particularmente vulnerable a los efectos neurotóxicos de los metales pesados.

“Esos daños acompañan a la persona el resto de su vida, con costos que recaen tanto en las familias como en el estado a través de menor productividad y mayores necesidades de tratamiento a largo plazo.
Si se aprueba esta ley, Nueva York se uniría a Virginia, California y Maryland como estados que ya exigen este tipo de pruebas”, ponderó.

Menos comida en la basura

Asimismo, la Reforma del ‘Etiquetado de Fechas de Alimentos’ ataca la confusión entre las fechas que indican riesgo real para la seguridad alimentaria y las que solo hablan de calidad óptima del producto.

En esta dirección Mischa Sogut, un vocero de la oficina de la senadora Hinchey detalló que actualmente salvo contadas excepciones como los huevos, ningún organismo federal ni estatal regula qué leyenda debe usarse en los empaques, lo que ha generado más de 50 variantes distintas de fechas de consumo o venta preferente.

Esa falta de estandarización es una de las principales causas de que los hogares tiren comida todavía segura para comer: se calcula que cerca del 20% del desperdicio de alimentos está relacionado directamente con la confusión que generan estas etiquetas.

La ley no obligaría a las empresas a etiquetar sus productos, pero si deciden hacerlo, tendrían que elegir entre solo dos leyendas estandarizadas, en lugar de la actual variedad de fórmulas.

Comprar mejor, no solo más barato

Finalmente, la propuesta ‘Buenos alimentos NY’ (Good Food NY) cambiaría las reglas de compras públicas, ya que permitirá que gobiernos locales elijan proveedores de alimentos por su calidad, origen local y valor nutricional y no únicamente por ofrecer el precio más bajo.

Actualmente, los compradores públicos de productos alimenticios para escuelas, cárceles y edificios estatales están obligados por ley a elegir casi siempre al proveedor que ofrezca el precio más bajo que cumpla con los requisitos mínimos.

El problema planteado por los legisladores y promotores de estas normas es que los estándares ambientales y laborales más altos de Nueva York, suelen encarecer la producción local frente a la de estados como Ohio o Texas, aun contando el transporte, lo que deja en desventaja a los agricultores neoyorquinos.

La ley crearía un sistema de “compras basadas en valores”: los gobiernos locales podrían pagar hasta un 10% más que la oferta más baja, si el proveedor cumple con al menos uno de varios criterios: ser local, tener buenas prácticas ambientales o laborales, entre otros.

Las cinco legislaciones ya superaron el trámite legislativo completo, pero siguen sobre el escritorio de la gobernadora.

En resumen: las 5 leyes

• Good Food NY: Permitirá que los gobiernos locales prioricen la compra de alimentos saludables, locales y de calidad, en lugar de basarse únicamente en el menor precio.
• Ley de Seguridad Alimentaria y Divulgación de Químicos: Prohibirá varios aditivos químicos considerados de riesgo y exigirá mayor transparencia sobre las sustancias presentes en los alimentos.
• Ley de Seguridad y Transparencia de Alimentos para Bebés: Obliga a realizar pruebas de metales pesados en alimentos y fórmulas infantiles y a divulgar los resultados al público.
• Ley de Advertencia sobre Sodio: Exigirá que las cadenas de restaurantes coloquen advertencias visibles en los menús cuando un producto tenga un alto contenido de sodio.
• Reforma del Etiquetado de Fechas: Estandarizará las etiquetas de vencimiento para diferenciar entre seguridad y calidad del producto, con el fin de reducir el desperdicio de alimentos.