Letitia James dijo que el acuerdo "protege las leyes de seguridad de armas de Nueva York, líderes en el país, que exigen licencias para poseer un arma de fuego"

Un acuerdo judicial propuesto la semana pasada en un tribunal federal indica que los neoyorquinos que pidan permisos para portar armas ocultas ya no tendrán que compartir sus cuentas de redes sociales con la policía.

En el marco de una ley integral de seguridad de armas promulgada en 2022, las autoridades del estado exigieron a los solicitantes de permisos para portar armas ocultas que proporcionaran una lista de sus cuentas de redes sociales.

La gobernadora Kathy Hochul firmó la Ley de Mejora de Porte de Armas Ocultas días después de que el Tribunal Supremo anulara las regulaciones anteriores de Nueva York sobre licencias de armas, al considerar que otorgaban a las fuerzas del orden demasiado poder para decidir quién debía obtener permisos para portar armas.

En ese entonces, Hochul aseguró que las reseñas en redes sociales formarían parte de un proceso de solicitud más completo.

“Ahora vamos a subir el listón y asegurarnos de que las personas sean propietarios de armas verdaderamente responsables una vez que reciban un permiso”, expresó en una rueda de prensa en la que anunció la nueva ley.

Los defensores de la Segunda Enmienda presentaron múltiples demandas impugnando diferentes aspectos de la legislación, incluido el requisito de redes sociales. Aunque Nueva York todavía defiende la mayor parte de la ley, la fiscalía general acordó no hacer cumplir el requisito en cuestión y garantizar que no apareciera en las solicitudes de permisos para portar armas ocultas.

El portavoz de Gun Owners of America, Luis Valdes, aseveró que revisar las redes sociales de los solicitantes violaba sus derechos.

“El hecho de que el estado de Nueva York exigiera información de las redes sociales a un propietario de armas es muy despótico”, manifestó.

La fiscal general Letitia James declaró que el acuerdo “protege las leyes de seguridad de armas de Nueva York, líderes en el país, que exigen licencias para poseer un arma de fuego”. Pero no explicó por qué su oficina decidió abandonar la defensa legal del requisito de las redes sociales.

“Seguiremos luchando en este caso y defendiendo nuestras leyes que protegen a los neoyorquinos de la violencia armada”, declaró.

Los legisladores aprobaron la Ley de Mejora del Porte Oculto de Armas luego de que la gobernadora convocara a los legisladores estatales a una sesión de emergencia en Albany, días después de que el Supremo anulara las normas de larga data de Nueva York sobre el porte oculto de armas, que se encontraban entre las más estrictas de Estados Unidos, informó Gothamist.

En ese momento, Hochul declaró que la legislación fortalecería las leyes estatales sobre armas, respetando a la vez las restricciones establecidas en el fallo de la Corte. Además, afirmó que la nueva ley era necesaria para frenar la violencia armada y rechazó a los jueces por anular la ley previa tan solo unas semanas después de un tiroteo masivo en Buffalo.

La Ley de Mejora del Porte Oculto creó zonas sensibles donde incluso la mayoría de los titulares de permisos tienen prohibido portar armas, como en protestas, parques infantiles y en Times Square. Aparte, exigió que cualquier solicitante de un permiso de porte oculto demostrara una “buena conducta moral”. Hacer la lista de las redes sociales fue otro nuevo requisito para los solicitantes de permisos.

En una demanda federal presentada en el Distrito Norte de Nueva York, varios dueños de armas y un posible solicitante de permiso alegaron que diferentes partes de la ley eran inconstitucionales.

El demandante Lawrence Sloane, que quería portar una pistola para defensa propia, aseguró que los requisitos de redes sociales violaban sus derechos amparados por la Primera y la Quinta Enmienda.

En la demanda, la defensa afirmó que su perfil de Facebook está configurado solo para que lo vean sus amigos y que tendría que añadir a los agentes de la ley como “amigos” si quisieran ver su perfil, un paso que, de acuerdo con él, no estaba dispuesto a dar.

“Si se le obligara a pronunciarse en su totalidad, se autocensuraría por temor a represalias y no estaría dispuesto a expresar sus verdaderos sentimientos, especialmente en temas polémicos relacionados con el discurso político”, dice la demanda.

Asimismo, la fiscalía declaró ante el tribunal que, según la ley, los solicitantes no están en la obligación de agregar a los funcionarios encargados de otorgar licencias como amigos en Facebook ni a revelar publicaciones privadas. También la fiscalía señaló en una audiencia judicial que revisar las redes sociales de los solicitantes permitiría a las autoridades determinar si podrían representar un riesgo.

Sin embargo, Peter Tilem, abogado que representa a muchos propietarios de armas en casos vinculados con la Segunda Enmienda, indicó que no estaba claro cómo decidiría el estado qué publicaciones en redes sociales eran demasiado problemáticas como para obtener permisos de porte oculto.

“¿Quién iba a determinar si lo que un funcionario de licencias vio en esa cuenta de redes sociales los descalificaba o no para ejercer su derecho constitucional?”, se cuestionó. “¿Cuáles iban a ser los criterios?”.

Tilem aseguró que el acuerdo propuesto sugiere que el estado sentía que ya no podía defender la disposición sobre redes sociales ante los tribunales.

La condición de uso de redes sociales estuvo en vigor solo por poco tiempo antes de que un juez federal ordenara al estado suspender la aplicación de varias partes de la ley en octubre de 2022.

El juez Glenn Suddaby aseveró que Nueva York no había logrado demostrar que existiera un precedente histórico suficiente para pedir a las personas que dieran a conocer sus cuentas de redes sociales —u otros seudónimos en la era preinternet— a los oficiales encargados de otorgar licencias. Posteriormente, un tribunal superior certificó la mayor parte de la ley, pero no la norma relativa a las redes sociales.

Actualmente, Sloan accedió a desistir de su demanda contra el requisito de redes sociales a cambio de que el estado se comprometa a no pedir a los solicitantes de permisos de porte de armas ocultas que compartan la información de sus cuentas. Las dos partes firmaron un acuerdo preliminar la semana pasada y ahora esperan la aprobación definitiva de un juez.

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