El mandatario municipal defiende el veto argumentando que viola derechos constitucionales fundamentales
La decisión del alcalde Zohran Mamdani de vetar la legislación 175-B abrió un nuevo frente de confrontación política con la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin. El mandatario bloqueó este viernes un proyecto de ley que habría instruido al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) a establecer restricciones a las protestas en las inmediaciones de instalaciones educativas.
El alcalde argumentó que la medida, tal como estaba redactada, resultaba “demasiado amplia” y planteaba serias dudas constitucionales, al potencialmente limitar el derecho fundamental a la protesta en espacios que podrían ir más allá de escuelas y universidades, incluyendo bibliotecas, hospitales y otros entornos públicos.
“Esto podría afectar a los trabajadores que protestan contra La Migra, o a los estudiantes universitarios que exigen que su institución deje de invertir en combustibles fósiles, o que se manifiestan en apoyo a los derechos del pueblo palestino”, argumentó el mandatario en un comunicado.
Mamdani considera que la legislación promovida por la presidenta del Concejo, no es una medida de seguridad pública, sino una pieza legislativa que ha alarmado a gran parte del movimiento sindical, a los grupos defensores de los derechos reproductivos y a los defensores de los derechos de los inmigrantes.
Sí a límites en lugares de culto
La respuesta desde el Concejo no se tardó. La líder de la cámara legislativa local defendió la intención de la Intro 175-B, insistiendo en que su objetivo era garantizar que los estudiantes pudieran acceder a sus escuelas “sin temor a acoso o intimidación”, al tiempo que aseguraba el respeto a los derechos protegidos por la Primera Enmienda.
Este proyecto de ley ya bloqueado por el ejecutivo municipal fue patrocinado por Eric Dinowitz (D-Bronx) y fue aprobado por el Concejo Municipal con 30 votos a favor y 19 en contra, quedándose a las puertas de alcanzar una mayoría suficiente para anular un veto.
En contraste, el alcalde permitió la entrada en vigor de la Intro 1-B, una norma que obliga al NYPD a documentar sus acciones en torno a manifestaciones cerca de lugares de culto, marcando así una línea divisoria clara entre lo que su administración considera regulación aceptable y lo que interpreta como una amenaza a derechos civiles.
“Esta legislación que se aplica a los lugares de culto, inicialmente planteó inquietudes constitucionales. Sin embargo, la versión final del proyecto que fue aprobada tiene un alcance y un efecto más limitados. Tras una exhaustiva revisión legal, no considero que plantee los mismos riesgos que planteaba anteriormente. Y es por ello que permitiré que se convierta en ley”, destacó.
Apoyo de coaliciones
Más allá del pulso institucional, el veto ha recibido un respaldo contundente de organizaciones civiles, sindicales y educativas.
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) celebró la decisión del alcalde, calificando la legislación como una amenaza al “ADN de protesta” de la ciudad. Su directora ejecutiva, Donna Lieberman, advirtió que la medida habría incrementado la presencia policial en espacios cotidianos, elevando el riesgo de confrontaciones innecesarias.
“En un momento en que los neoyorquinos salen a las calles en cifras históricas para defender nuestras libertades, arduamente conquistadas, y para resistir al régimen de Trump, la Ciudad debería buscar apoyar, y no sofocar, nuestro derecho a expresarnos”, sostuvo la activista.
En la misma línea, líderes de la organización Alliance for Quality Education sostuvieron que el proyecto vetado podría haber criminalizado a estudiantes, familias y educadores por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente, afectando de manera desproporcionada a comunidades vulnerables.
“Sabemos exactamente quiénes habrían cargado con el peso de ese daño: las comunidades negras y latinas, las familias inmigrantes, los neoyorquinos musulmanes y judíos, las personas queer y trans, y los jóvenes que ya están sujetos a una vigilancia desproporcionada y a un exceso de presencia policial”, argumentaron
El respaldo también se extendió a una amplia coalición de más de 100 organizaciones agrupadas en torno a The People’s Plan NYC, que advirtió sobre el riesgo de otorgar al NYPD una “discrecionalidad excesiva” para limitar la protesta en amplias zonas de la ciudad.
Esta coalición hizo un llamado a la presidenta del Concejo, Julie Menin, para que permita que el proyecto de ley quede archivado y garantice que la ciudad de Nueva York siga siendo un hogar vibrante para la protesta y la valentía cívica.
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