Un panel de tres jueces determinó que el Ejecutivo no tiene autoridad para eliminar, mediante una orden unilateral, un derecho que está establecido por ley
Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos bloqueó este viernes una de las medidas más duras impulsadas por el presidente Donald Trump en materia migratoria, la suspensión del acceso al asilo en la frontera sur, decretada al inicio de su nuevo mandato en 2025.
La decisión la adoptó un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que concluyó que el Ejecutivo no tiene autoridad para eliminar, mediante una orden unilateral, un derecho que está establecido por ley.
En su fallo, el tribunal subrayó que la legislación migratoria vigente garantiza a las personas la posibilidad de solicitar asilo al llegar al país, independientemente de cómo hayan cruzado la frontera.
La medida bloqueada formaba parte de una proclamación firmada por Trump el día de su investidura, en la que calificó la situación en la frontera como una “invasión” y ordenó suspender tanto la entrada de migrantes como su acceso al sistema de asilo hasta nuevo aviso.
Con esa acción, la administración buscaba restringir de forma amplia la llegada de solicitantes de protección internacional. Sin embargo, la corte determinó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no respalda ese tipo de decisiones, publicó la agencia de noticias The Associated Press.
Según la jueza J. Michelle Childs, designada por el expresidente Joe Biden, la facultad presidencial para limitar la entrada de extranjeros no implica la capacidad de anular los procedimientos legales establecidos por el Congreso.
“El texto, la estructura y la historia de la ley dejan claro que el Congreso no otorgó al Ejecutivo una autoridad tan amplia para expulsar o impedir solicitudes de asilo”, escribió Childs en la opinión mayoritaria.
El tribunal también señaló que el gobierno no puede crear “procedimientos propios” para evitar que los migrantes accedan a protecciones legales, incluidas aquellas contra la tortura.
Por su parte, el juez Justin Walker, nombrado por Trump, sostuvo que la administración sí podría negar de forma generalizada el asilo. No obstante, coincidió con el resto del panel en que el gobierno no puede deportar a personas a países donde enfrentarían persecución ni eliminar los procesos legales mínimos que garantizan su protección.
La Casa Blanca reaccionó
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó la decisión como “previsible” y acusó a los jueces de actuar con motivaciones políticas.
Asimismo, la portavoz Abigail Jackson adelantó que el Departamento de Justicia buscará una revisión más amplia del caso, lo que podría incluir una apelación ante el pleno del tribunal o incluso ante el Tribunal Supremo.
El fallo, por ahora, no entra en vigor de inmediato, ya que la corte debe evaluar posibles solicitudes de reconsideración por parte del gobierno.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes celebraron la decisión como un freno a una política que, aseguran, ponía en riesgo a miles de personas.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otras organizaciones argumentaron en la demanda que la proclamación presidencial utilizó de forma indebida la autoridad conocida como 212(f) para justificar deportaciones sumarias sin permitir solicitudes de asilo, algo que contradice lo establecido por el Congreso.
“El tribunal dejó claro que el presidente no tiene el poder unilateral de anular todas las leyes de asilo”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU que llevó el caso. A su juicio, el fallo pone fin a una política que devolvía a personas, incluidas familias con niños, a situaciones de grave peligro sin siquiera permitirles una audiencia.
Keren Zwick, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, señaló que la decisión reafirma la obligación del gobierno de procesar las solicitudes de protección. Nicolas Palazzo, del Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas, sostuvo que el fallo confirma que “las acciones caprichosas del presidente no pueden suplantar el estado de derecho”.
Josué Martínez, psicólogo en un albergue para migrantes en el sur de México, describió el fallo como una posible “luz al final del túnel”, aunque con cautela. “Hemos visto decisiones similares antes que luego se revierten. Habrá que ver si esto se traduce en cambios reales”, explicó a la agencia de noticias.
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